La decisión brasileña de invertir en Bolivia es consecuencia de una decisión política que puede ser considerada como un movimiento de apoyo al gobierno de Evo Morales. Pero es también parte del renovado esfuerzo de potenciar la economía de Bolivia, dado que se trata del país con el que Brasil comparte su mayor frontera.
Llevar inversiones y tractores es abrir caminos para el futuro, pues la relación entre los dos países está determinada por la proximidad geográfica. La necesidad de tener una agenda positiva puede ser buena para las economías de ambos países. Podrá establecer también un ambiente más favorable para los brasileños que viven en el lado boliviano próximo a la frontera y disipar los temores de que se produzcan nuevos gestos de agresividad, como fueron los de la ocupación militar de las refinerías de Petrobras.
El gobierno boliviano podrá beneficiarse con los anuncios de Lula en la medida en que pueda llevar adelante la distensión del ambiente político. La prensa mundial exhibe una Bolivia dividida y tensa donde el gobierno y la oposición no parecen dispuestos a ceder en nada. Y se percibe que el gobierno boliviano consume sus energías para imponer un modelo que es rechazado por un sector expresivo de la población.
Lula no pretende interferir directamente en esa situación. Ha dejado muy claro que la decisión sobre el futuro político boliviano es algo que atañe exclusivamente a los bolivianos. Por más que demuestre simpatía personal e ideológica con Morales, su participación en el proceso boliviano parece tener límites bien definidos.
La nueva aproximación con Bolivia tiene lugar pese a una fuerte corriente que se opone a hacerlo, tomando en cuenta justamente los gestos poco amistosos del gobierno de Morales hacia empresas y ciudadanos brasileños. Esto es claramente perceptible en comentarios y editoriales de prensa que critican el hecho de que los brasileños estén financiando a un gobierno extranjero contrario a sus intereses. La aprobación de un nuevo texto por la mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente fue interpretada como un doble golpe: “Calló a la oposición e impuso una Constitución al país que le permitirá permanecer en el poder hasta el 2018”.
Pese a las críticas, Lula cree que la integración debe avanzar con una estrategia destinada a reducir las asimetrías en la región y que es inevitable que lo haga en el marco de una economía de mercado, con respeto a los contratos y a la propiedad privada.