A ese nivel, la discusión sobre el tipo de autonomía, sus alcances, ámbito jurisdiccional territorial, atribuciones, competencias, compatibilidades con otros niveles autonómicos, etc, resultaba altamente saludable para el país en el marco de la reforma estatal. Sin embargo, en el proceso constituyente no se dieron las condiciones para una deliberación argumentativa y una resolución concertada que abarcara las expectativas de los distintos sectores, por ello no resulta fácil compatibilizar una ley marco que establezca las condiciones de funcionamiento de las autonomías.

Segundo, la autonomía contraponía en términos discursivos dos visiones de país distintas, la propuesta de autonomía departamental estaba ligada a un modelo estatal modernizante y orientado al desarrollo económico en los marcos del paradigma liberal-republicano; mientras el otro modelo autonómico articulado a las propuestas de los movimientos indígenas del país, se basaba en la necesidad de otorgar un formato constitucional a la autodeterminación y autogobierno de las comunidades indígena originario campesinas, de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos propios. Si bien ambas visiones están plasmadas en el nuevo texto constitucional, los problemas no resueltos aparecen en torno a la distribución del poder a los límites y alcances de los dos modelos.

Por último, y desde mi punto de vista, el aspecto que más afectó negativamente la discusión sobre las autonomías fue su temprana articulación a posiciones políticas, lo cual la condujo a un maniqueísmo que asociaba autonomía con los intereses oligárquicos del oriente y el consecuente rechazo ciego desde el discurso gubernamental, hasta que fue asumido por el propio Gobierno como una necesidad sentida de la sociedad boliviana e incorporado en sus distintos formatos en el texto constitucional, al punto que el Gobierno es en este momento el impulsor de las consultas ciudadanas para acceder al régimen autonómico.

El asunto es, que después de este controvertido recorrido, todavía persisten las tensiones irresueltas. Ello se puede percibir en la negativa de los prefectos a asistir a las reuniones convocadas por el Gobierno para discutir el proyecto de Ley Marco de Autonomías, en la insistencia en las regiones de mantener sus Estatutos tal cual los elaboraron antes de la aprobación de la CPE, o en aspectos contenidos en la propuesta de ley elaborada por el Gobierno que tienden a frenar el poder de las autonomías departamentales. El régimen autonómico ha permitido a sociedades más complejas resolver la administración política de sus fracturas internas, es el camino deseable también para Bolivia siempre y cuando se pueda concertar una salida, y se despoje el debate autonómico de los meros intereses políticos.