Han pasado 26 años desde que los guatemaltecos inauguraron un modelo democrático que ponía fin a décadas de sangrientas dictaduras militares. Todo este tiempo, sin embargo, no ha sido suficiente para el desarrollo de la democracia, reducida a la celebración de elecciones en las que se ha respetado la voluntad popular, pero que en la práctica resultan accesibles solo para los partidos que tienen las arcas llenas de dinero.

Las campañas guatemaltecas son las más caras de América Latina. La primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales —que ganó el pasado 11 de septiembre el general retirado Otto Pérez Molina y se enfrentará en una segunda ronda el 6 de noviembre contra el segundo más votado, el abogado millonario Manuel Baldizón— costó 316 millones de quetzales (26,5 millones de euros). "Es el doble que México, casi seis veces más que Venezuela, 32 veces más que Brasil y casi 200 veces más que Chile", afirma el analista Edgar Gutiérrez. En Guatemala, el 80% de los ciudadanos vive en la pobreza (ingresos diarios inferiores a 1,50 euros).

Las cifras millonarias que se manejan durante el periodo electoral han dado lugar al nacimiento de un nuevo, y poderoso, grupo de poder: los financistas de campaña, que acaban imponiendo su agenda al gobernante de turno. Edmundo Urrutia, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, los define como "un grupo con una influencia desmesurada en la toma de decisiones, toda una categoría sociopolítica". Y añade: "Un Gobierno puede tener otros aliados, pero son los financistas quienes tienen la mayor influencia porque son ellos, con su dinero, quienes han elevado al poder a los gobernantes de turno".

Para Urrutia, la existencia de estos grupos hace que los Gobiernos lleguen al poder “con una gestión ya hipotecada”. Lo terrible es que se cobran la inversión con obra pública. Es una buena inversión financiar partidos y candidaturas, porque se traducen en negocios ventajosos con el Estado durante la legislatura.

A esto se suma un Estado con necesidades crecientes y con un déficit público en aumento constante, lo que significa un desafío de primer orden para el próximo gobernante. “Desde la firma de los acuerdos de paz de 1996, el Estado no ha sido capaz de llevar a cabo una reforma fiscal que lo provea de los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Se ha mostrado incapaz de crear las condiciones y los acuerdos políticos para aumentar los ingresos del Estado y hacer efectiva una reforma fiscal, entendida no solamente como una reforma tributaria, sino que cuide la calidad del gasto y la transparencia; el uso racional de los recursos o el combate a la corrupción”, señala el profesor Urrutia.

No es tarea fácil. El Estado, en manos de Gobiernos militares, fue capaz de derrotar a una guerrilla de filiación marxista, a un coste muy elevado en términos de violencia. Pero ese mismo poder coercitivo no tuvo poder para imponer un sistema tributario acorde con los cambios. Los Gobiernos militares y civiles posteriores han tropezado con el problema de una tributación insuficiente.

Pero el gran reto para el próximo Gobierno será la reforma del Estado, una cuestión que dada vez más sectores políticos, académicos y sociales consideran urgente. “La percepción”, señala el profesor Urrutia, “es que el sistema está agotado. El pacto que dio origen a la democracia en 1985 agoniza. La gran pregunta es si el próximo presidente y su Gobierno van a tener la sabiduría para canalizar esa demanda de cambio, para que este sea ordenado”.

Otro tema pendiente es la seguridad. Se trata de un tema prioritario para los ciudadanos y un reto muy complicado para Guatemala, uno del países más violentos del mundo. El sistema de financiación de los partidos ha permitido que las instituciones estén infiltradas por las mafias del crimen organizado y el narcotráfico.