Las repúblicas hispanoamericanas tienen características comunes que se remontan a sus tiempos coloniales, cuando el monopolio de las diferentes magistraturas estaba a cargo de los españoles nacidos en la península ibérica, quedando fuera de las funciones públicas los españoles –criollos- nacidos en América. Esto supuso una reivindicación justa de esos excluidos del poder, muchos de ellos formados en las universidades de la metrópoli o en las que ya se habían desarrollado en los virreinatos.

En contraste, la república de los Estados Unidos ya llevaba algunos decenios de existencia en 1810. Las antiguas trece colonias a orillas del Atlántico norte se habían desarrollado de acuerdo a las tradiciones jurídica y política británicas, en las que había un marcado respeto por la libertad individual, la propiedad privada y la limitación al poder. El proceso de emancipación de Estados Unidos se inició con el objetivo de poner límites al parlamento británico, puesto que los habitantes de América le negaban potestad para cobrar impuestos si no tenían representación en ese cuerpo legislativo. En esas trece colonias había cartas constitucionales que databan del siglo XVII, asambleas legislativas, juicio por jurados, autoridades municipales elegidas por los vecinos y hasta dos gobernadores que eran electos por voto popular. En New York circulaban varios diarios en los años previos a la revolución americana, en tanto que en el Buenos Aires de 1810 a duras penas sobrevivía un periódico con ayuda oficial. Por lo que, cuando esa nación se independizó, ya había legisladores, jueces, fiscales y ciudadanos formados con activa participación cívica y una larga experiencia. Esta revolución tuvo como fundamento la defensa de la libertad y de la propiedad, buscando poner claras vallas al poder político.

Las independencias hispanoamericanas, en cambio, pusieron su énfasis en el origen del poder: los criollos nacidos en América, por lo que no se preocuparon en limitar al poder, sino que le otorgaron grandes potestades para intervenir en la vida cotidiana de sus compatriotas. Lo importante, para ellos, fue que gobernaran los criollos, pero no cómo lo hicieran.

Cada nación tiene sus luces y sombras: en los Estados Unidos se dirimió en el campo de batalla la libertad de sus esclavos y un siglo más tarde se logró el reconocimiento de los derechos civiles para la minoría negra; en tanto que en la gran mayoría de los países iberoamericanos se enzarzaron en guerras civiles, golpes de estado y regímenes dictatoriales. A la noche de los gobiernos opresores le siguió un amanecer que despertó esperanzas con la democratización: sin embargo, la pobreza persiste y se agiganta, los éxitos de prosperidad son muy pocos, el respeto a los derechos fundamentales es negado en Cuba y retrocede alarmantemente en sus países amigos.

El gran dilema latinoamericano está presente: a la legítima necesidad de que se afiancen las democracias en la región, no se la acompaña con el desarrollo de las instituciones que se limiten y equilibren unas a otras. Las libertades civiles y el derecho de propiedad están en un jaque permanente, dada la hipertrofia de los poderes ejecutivos y la inflación legislativa.

Tras los festejos bicentenarios, los discursos oficiales y las exposiciones, es necesario que le siga un período de calma y reflexión que nos ayude a comprender porqué algunas naciones lograron prosperar en paz, creyendo en la iniciativa creadora de sus ciudadanos, y otras siguen aguardando lánguidamente su buena hora, ya sea por una cosecha exitosa o el cambio de un presidente en la próxima elección.

Ricardo López Göttig es Doctor en Historia y Director del Consejo Académico de CADAL.