Entre los representantes hondureños del gobierno de facto a los que España niega la entrada se encuentran: José Alfredo Saavedra Paz, presidente del Congreso Nacional; Jorge Alberto Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia; José Tomás Arita, magistrado de la misma CSJ, y el fiscal general, Luis Alberto Rubí Aguila.

Así mismo, a Oscar Raúl Matute, ministro de Gobernación e Interior del gobierno de facto; Adolfo Lionel Sevilla, titular de Defensa; Gabriela Núñez de Reyes, ministra de Finanzas; Jorge Alberto Rodas Gomero, de Seguridad; José Rosario Bonnano Zaldívar, ministro de Obras Públicas y René Cepeda, titular de Información.

El comunicado señala que el gobierno español "reitera su apoyo a la labor de mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y espera que estas medidas contribuyan al restablecimiento de la normalidad constitucional en Honduras".

El ministerio español, que encabeza Miguel Ángel Moratinos, sostiene que el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, que integran los ministros de Exteriores, aprobó en su reunión del martes pasado un documento que recoge la decisión de comenzar los procedimientos oportunos para restringir la entrada en territorio europeo de miembros del gobierno de facto hondureño.

Al igual que otros países, los 27 miembros de la Unión Europea han fijado su posición desde que el 28 de junio que fue depuesto el presidente Manuel Zelaya, y en ella han "reiterado en varias ocasiones su compromiso firme con la recuperación de la institucionalidad democrática en Honduras".

En la sesión de los 27 ministros de Exteriores, que se llevó a cabo la víspera en Bruselas, se acordó preparar nuevas "medidas restrictivas" dirigidas a los miembros del gobierno de facto de Honduras que obstaculicen una salida negociada a la crisis política que vive esa nación centroamericana.