Quienes lo conocen bien -no es mi caso- comentan que cuando se avecinan tormentas, Felipe Calderón tiende al atrincheramiento o al repliegue sobre lo seguro: la familia, el círculo más estrecho de colaboradores, la introspección. Ya sabemos que el año económico será difícil, por lo menos a juzgar por los pronósticos del Banco de México y el nerviosismo creciente de los mercados. Ya veremos también si las cifras de empleo, inversión extranjera directa y crecimiento del PIB para el año pasado fueron realmente tan sólidas como se ha adelantado en varios análisis preliminares. Pero por lo menos en un rubro de su gestión, Calderón probablemente tenga razón en preocuparse, sobre todo tratándose de la máxima prioridad mediática y sustantiva de su administración: la llamada guerra contra el narco, la violencia y la inseguridad. Las cifras no son precisamente alentadoras; en cambio, las perspectivas de triunfo se antojan desoladoras.

De acuerdo con el Estudio de las ejecuciones: primer año de gobierno diciembre 2006-noviembre 2007, de la Secretaría de Seguridad Pública, de 2006 a 2007 se incrementó en 14.2 por ciento el número de asesinatos realizados por el narcotráfico, al pasar de 2 mil 221 a 2 mil 561 las llamadas ejecuciones. Si se incluyen las ejecuciones de diciembre de 2006 (primer mes del sexenio calderonista), el número alcanza 2 mil 794. Es cierto que el promedio mensual comenzó a disminuir en abril del año pasado, pero dejó de bajar a partir de octubre del 2007, estabilizándose en más o menos 180 ejecuciones al mes. Y es cierto también que es muy posible que las ejecuciones actuales sean producto del éxito de la guerra calderonista contra el narco. Sólo que entonces habría que explicar por qué las ejecuciones con Fox en 2006 fueron causadas por la "inercia alcista en el ritmo de las presuntas ejecuciones que se tenía antes del inicio del actual sexenio" (de acuerdo con el documento citado), es decir, en buen castellano, por el fracaso (muy probable) de los esfuerzos antinarco en el sexenio pasado, mientras que un número mayor de ejecuciones en el sexenio actual es resultado del "éxito". Lo más probable es, como lo señaló un alto funcionario de la PGR hace unos días, que la violencia vinculada al narcotráfico se derive de un cambio estructural nacional y mundial en el negocio, que ha transformado a México de país de tráfico a país de consumo, donde los cárteles se disputan ya no sólo las rutas a Estados Unidos, sino las grandes plazas nacionales, y en el que la exportación sudamericana de cocaína se dirige cada vez más a Europa, y la mexicana se concentra en metanfetaminas para Estados Unidos. La evolución del mes de enero de este año ilustra tal vez este fenómeno, al mostrar que los números se alteran poco, hágase lo que se haga. Más allá de la política de un gobierno u otro, la narcoviolencia sigue: durante la primera quincena de enero de 2008 tuvieron lugar 123 ejecuciones, o casi ocho diarias; en todo enero de 2007 acontecieron 168 ejecuciones, y en enero de 2006, 181. Al ritmo actual, enero del 2008 podrá ser uno de los peores meses desde que se empezaron a llevar cuentas.

Pero lo más grave quizás yazca en lo que sucede con la criminalidad y la violencia en general, no necesariamente relacionada con el narco. De acuerdo con una nota casi inverosímil publicada en Reforma el 6 de enero, en el estado de México entre enero y noviembre de 2007 tuvieron lugar 5 mil 660 homicidios reportados, mientras que durante el año anterior (2006) la cifra fue de 2 mil 365 casos, un incremento increíble de 139 por ciento en un año durante el cual la economía nacional creció 3 por ciento. Si esto sucede en la entidad más poblada y prácticamente más rica del país, gobernada no sólo por el PRI sino por uno de sus precandidatos presidenciales punteros, debemos preguntarnos si no enfrentamos algo más complejo que lo que se ha sugerido.

Además, aunque algunos ingenuos corresponsales extranjeros puedan ser manipulados por este gobierno, de la misma manera que lo fueron, sobre este tema, por las tres administraciones anteriores, el intento del Presidente por obtener la cooperación de Estados Unidos en esta materia también parece enfrentar mayores dificultades que las previstas. El "Plan México" o la "Iniciativa Mérida" (eufemismo oblige) recibirá la aprobación del Congreso norteamericano, pero por menos tiempo y dinero, más tarde y con más condiciones de todo tipo que las que se vaticinaban cuando se empezó a negociar. De todas maneras, es preferible asegurar su aprobación que verlo rechazado, pero si alguna vez se pensó que equivalía a una panacea, es hora de perder las ilusiones. No vamos a construir un Ejército nuevo con el Plan México; no parece que podamos alcanzar la victoria en la guerra con el Ejército que tenemos; y no contamos con una Policía Nacional, a 10 años de la creación de la PFP, que pueda sustituir a las Fuerzas Armadas en una guerra para la que no fueron creadas ni entrenadas. Ya lo vemos con las cifras insólitas del estado de México: si se concentra el Ejército y la PFP en Michoacán, en Guerrero, en Baja California y en Tamaulipas, se desata la delincuencia en otras partes. ¿De veras vamos ganando? ¿A quién le vamos ganando?