Desde la época mercantilista y en realidad desde el inicio del capitalismo, la relación entre las grandes empresas privadas y el Estado ha sido un tema de discusión y tensión permanente: la East India Trading Company que gobernó a la India a nombre de la Corona Inglesa durante casi un siglo; la Dutch West Ibis Company y la East Ibis Company que fueron las empresas de los corsarios holandeses del siglo XVII; los fabricantes de armamentos alemanes Krutt del siglo XIX y mediados del siglo XX; o los grandes consorcios de Estados Unidos de mediados del siglo pasado ("lo que es bueno para GM es bueno para USA") han sido una constante en la vida de la economía de mercado: no hay nada nuevo bajo el sol. En su versión más moderna, el debate sobre la relación solidaridad-apoyo-complicidad del Estado con las grandes corporaciones privadas suele presentarse bajo la figura de "Los campeones nacionales".

Se trata de las grandes empresas, casi siempre mono o semimonopólicas que, para mantener su hegemonía del mercado y poder competir en el mundo, requieren o exigen el apoyo de su Estado nacional. Cuando su Estado no quiere apoyarlas, se argumenta no gastar dinero de los contribuyentes; cuando quiere apoyarlas, argumenta que son "national champions" y que la conquista de mercados afuera redunda en empleos en casa. Hay de todo, y en todas partes: Boeing en EU, vía los subsidios y la protección del complejo militar industrial del que hablaba Eisenhower; EADS y el Airbus europeo de Chirac y la Unión Europea; Telefónica de España; ya sin hablar del Miti japonés, un ministerio cuya razón de ser es apoyar a los grandes consorcios nipones.

En Latinoamérica este problema es reciente. Todos los Estados de la región han apoyado, solapado o apapachado a sus monopolios nacionales desde siempre, pero no habían tenido que apoyarlos en el exterior sino apenas un par de décadas atrás. Pero como lo señaló un largo texto del NY Times hace un par de semanas -argumento que sugerí en un libro publicado en 1982 por Editorial Era, Los Últimos Capitalismos-, el surgimiento de empresas multinacionales latinoamericanas es una realidad poco estudiada pero real.

En el caso de Brasil ya se ha rebasado el umbral que distingue a los países de capitalismo desarrollado de aquellos con un modelo todavía en ciernes: el año pasado las empresas brasileñas invirtieron en el exterior más de 25 mil millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa en Brasil fue de 18 mil millones: Brasil es hoy un exportador neto de capitales.

El caso de México todavía no es tan contundente, pero desde hace 3 o 4 años, por lo menos, las inversiones mexicanas en el exterior (no por fuga de capitales sino IED activa) crece a un ritmo más elevado que la IED hacia México. Ahora bien, lo que los Estados de la región y en especial el Estado mexicano no sabe muy bien, es qué postura tomar frente a este fenómeno.

Quisiera dar ejemplos que ilustran el argumento y que son emblemáticos. Hace tres semanas el presidente Chávez amenazó con nacionalizar a la filial de Cemex con el argumento de que vende cemento a precios caros y exporta en una proporción excesiva su producción.

Es cierto que Cemex produce más o menos el 50 por ciento del cemento consumido en Venezuela; es cierto que es una gran multinacional mexicana muy bien manejada por Lorenzo Zambrano y su equipo. Pero es cierto también que el gobierno de México, al tomar nota de esta amenaza de Chávez, no dijo esta boca es mía: tal vez porque no tiene interlocución con Chávez -dicen que por culpa de Fox y mía; tal vez por que no quiere comprar pleito ajeno; o porque no sabe de bote pronto, qué hacer, y ya después no tenía caso.

Vale la pena recordar que el presidente Kirchner de Argentina, amigo y correligionario de Chávez, al escuchar las amenazas del presidente venezolano sobre la expropiación de la empresa siderúrgica del Orinoco, antes propiedad de mexicanos y ahora filial de la ítalo-argentina Techint de los hermanos Rocca, de inmediato tomó el teléfono para exponerle a Chávez su preocupación, debe haberle dicho algo como: "nacionaliza a otros, pero a mí no".

El caso de Slim y América Móvil, a propósito de la declaración de Ecuador, es otro caso: hasta donde se sabe, el presidente Calderón no ha tenido comunicación con su homólogo ecuatoriano para hacerle saber que el gobierno de México vería con malos ojos que Ecuador expropiara una empresa mexicana que está compitiendo bajo las reglas existentes en su país.

A la inversa, sabemos que el gobierno de México, desde siempre, protege a sus monopolios hacia adentro; y no le gusta tanto hacerlo hacia fuera. Es una de las razones por las cuales, cuando ciertos monopolios mexicanos tratan de salir al extranjero -Telmex o Televisa en Estados Unidos- no les va muy bien que digamos. Quizás ya haya llegado el momento de que el Estado mexicano apoye y fortalezca a sus "national champions" afuera, pero permita una mayor competencia que los fortalezca en el fondo, los vuelva más ágiles, más dinámicos y más innovadores en lo interno. Esto sin duda ayudaría a las grandes empresas mexicanas; al Estado mexicano; y sobre todo al país. Apoyar a nuestras grandes empresas afuera es una estrategia correcta; seguir permitiendo sus condiciones monopólicas en lo interno, es inaceptable.