Con la violencia desatada y el desvanecimiento de la esperanza de paz en Gaza, con la tóxica crisis financiera mundial y su penetración en la economía real en todas partes y en todos los niveles, el presidente Barack Obama tiene otras cosas que atender que las relacionadas con América Latina.

Debería mantener su atención en México, que es demasiado importante y problemático para simplemente pasarlo por alto, pero el resto del hemisferio probablemente recibirá más “descuido benévolo” que la atención que merece.

Cuba, no obstante, es un caso especial. Por tres razones: Primero, Obama ha insistido en cambiar la política de Estados Unidos hacia La Habana, porque el enfoque del último medio siglo ha fracasado. En segundo, la salida gradual o precipitada de la escena de Fidel Castro inevitablemente creará una nueva coyuntura crítica en la isla. Y tercero, sea correcta o equivocadamente, la mayoría de los gobiernos de la región ha colocado el levantamiento del embargo y la normalización de los vínculos de Estados Unidos con Cuba en el primer lugar de sus agendas relacionadas con la nueva administración estadounidense. Pero, ¿qué puede hacer exactamente?

Si Obama levanta el embargo unilateralmente estaría diciendo tácitamente a Fidel o Raúl Castro y al resto de América Latina que los derechos humanos y la democracia en Cuba no son asuntos suyos, una decisión desafortunada desde todos los puntos de vista. Además, necesitaría 60 votos en el Senado, que en estos momentos no tiene, a menos que obtenga un quid pro quo cubano relativamente explícito sobre reformas económicas, que Raúl Castro no puede darle, esté vivo o muerto su hermano Fidel.

Pero si Obama limita el cambio a, por el momento, solo permitir un flujo más libre de envíos de dinero y visitas familiares a la isla, esto simplemente restauraría la situación hasta el punto en el que estaba bajo la administración de Bill Clinton, sin duda mejor, aunque apenas, de la que había bajo Bush.

Y, finalmente, si hace de la apertura política una condición previa para el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas y comerciales, estaría aplicando la misma política seguida infructuosamente por sus últimos 10 predecesores.

Quizá haya, sin embargo, una forma de encontrar la cuadratura del círculo. Empieza con un fin unilateral del embargo, en el sentido de que no se espera ni se requiere que el gobierno cubano haga algo a cambio.

Pero un trueque que aplaque al Congreso y coloque los asuntos correctos sobre la mesa podría permitir a Obama cumplir sus promesas: A cambio de que Obama anule el embargo, los protagonistas principales en América Latina –Brasil, Chile, México– se comprometerían a apoyar y buscar activamente un proceso de normalización entre Washington y La Habana, que incluya democracia representativa y respeto de los derechos humanos en Cuba.

Los cubanos reciben algo que ellos dicen que desean (aunque muchos observadores tienen sus dudas): un fin incondicional del embargo, el inicio de un proceso de negociación, y quizá hasta el acceso a fondos de las instituciones financieras internacionales, que ellos necesitan desesperadamente.

Los latinoamericanos obtienen lo que desean: una concesión importante de la nueva administración sobre un asunto altamente simbólico, delicado y conflictivo.

Los defensores de los derechos humanos en América Latina y otras partes del mundo podrían sentirse satisfechos de que están siendo atendidas sus preocupaciones, así como las de la comunidad cubana en el extranjero (incluyendo a María Victoria Arias, una influyente abogada cubana y esposa del hermano de Hillary Clinton, quien es defensora –como ella se describe– del embargo), respecto de elecciones libres, libertad de prensa y de asociación, y la liberación de presos políticos. Esto podría suceder, si no inmediatamente, entonces en un momento acordado de antemano.

Obama se ve muy bien, desde que efectivamente cambió de política durante su campaña, pero obtuvo mucho a cambio: el compromiso de los mayores protagonistas de América Latina con los principios que él promueve, pese a la resistencia tradicional de las naciones latinoamericanas a verse involucradas en los asuntos supuestamente internos de otro país.

E incluso los pocos republicanos moderados (cuyos votos necesitaría el nuevo presidente) podrían proclamar fidelidad a su posición tradicional: que Estados Unidos no regala algo a cambio de nada. De hecho, logró un compromiso claro y público de líderes como Lula da Silva, de Brasil; Michelle Bachelet, de Chile; y Felipe Calderón, de México, a un proceso de normalización que no seguiría la ruta vietnamita de reforma económica sin reforma política, o cambio de régimen.

¿Aceptarían Brasilia, Santiago y la Ciudad de México un trato así? Quizá no, pero nada se pierde con intentar. Estos países difícilmente podrían seguir exhortando a un fin del embargo y a regresar a Cuba al seno hemisférico, si Washington accediera a hacer justamente eso, pidiendo solo a cambio que sus vecinos y aliados latinoamericanos respetaran los principios que ellos mismos han jurado respetar, en sus propias constituciones, prácticas y convenios internacionales.

¿Accederían los cubanos a tal acuerdo? Eso es más difícil, y ciertamente no mientras Fidel esté vivo; y quizá tampoco después. En ese caso Obama hubiera levantado el embargo y cedido lo que muchos consideran –equivocadamente, si se analiza la historia– la única palanca real de Estados Unidos, para quedarse sin nada a cambio. Y los latinoamericanos siempre podrían lavarse las manos de todo el asunto, argumentando que hicieron lo más posible.

Por otro lado, sin embargo, nadie podría pretender ya que la culpa por el conflicto a través del estrecho de la Florida yace solamente en el norte.

Y si levantar el embargo –y en consecuencia todas las prohibiciones sobre los viajes en ambas direcciones, sobre información y envíos de dinero, y sobre una discusión acerca del tema de la compensación por propiedades confiscadas– obliga a Cuba a abrir su sociedad, a diferencia de Vietnam y China, aun así habrá valido la pena.

The New York Times Syndicate

Secretario de Relaciones Exteriores de México 2000-2003