Digámoslo con claridad. Hay demasiados peligros en puerta y el umbral de la misma ya no da para que todos pasen a la vez. Vamos, si sigue la actual política, no hay manera de evitar la crisis. Sólo una tregua nacional podrá evitarla.

Hay que identificar los frentes de ese peligro y corregir la acción, para evitar que, en el momento menos esperado, se precipite una situación que sería muy gravosa para la sociedad.

La violencia es el problema más grave. Ya debe parar el lenguaje grandilocuente y políticamente oportunista del combate al crimen organizado. Sólo una operación política patriótica, pero discreta, permitirá alcanzar la coordinación y efectividad necesarias para contener el problema y reestablecer los equilibrios nacionales. El Presidente no necesita retratarse ni anunciar planes: necesita velar y construir las condiciones de cooperación necesarias dentro y fuera de su gobierno. La tarea más importante es sanear arriba, evitar que con el pretexto del orden se vulneren derechos o se criminalice la lucha social, y poner a trabajar conjuntamente en todo el territorio a quienes están mejor preparados.

La economía merece un trato discreto y responsable. Es inconcebible que, frente a la recesión inminente en Estados Unidos, el Presidente se hubiera regodeado con que aquí no pasaba nada y con que nosotros estábamos más fuertes que las economías desarrolladas. Esas actitudes de frivolidad fueron muy dañinas en el pasado, como para volver a repetirlas. Lo menos que se debería estar haciendo es preparar un plan de contingencia, para el momento en el que la situación llegue al punto de afectar severamente al empleo y a las empresas. Con sentido común debiera tenerse listo el plan, porque, en la economía, cuando se afecta el sector financiero, la inflación o el empleo, los acontecimientos caminan rápido.

En la política, el juego en marcha está agotado. No se puede pretender encarar grandes dificultades con una política fincada en el engaño: digo lo que no es; hago lo que no digo. El mínimo de olfato debería llevar a trabajar horas extra en abrir las compuertas, en despartidizar la acción pública, en tender puentes de comunicación.

En el tema del petróleo, es una desproporción pretender cambiar la Constitución (por la vía de reformas legales inconstitucionales), sin debate público (negando lo que se piensa hacer), y sobretodo, en una situación nacional cada vez más riesgosa y en un entorno internacional que sufrirá cambios en unos cuantos meses. Ello sólo puede entenderse en función de compromisos externos e internos inconfesables, de pretensiones ilegítimas de enriquecimiento, o de dogmatismos ideológicos que, en las actuales condiciones, deberían reservarse para los espacios académicos.

Es inconcebible que, frente a una coyuntura de grandes peligros, en vez de tomar las decisiones pertinentes para resolver los problemas conocidos de Pemex que aseguren el abasto y mantengan los ingresos fiscales, se pretenda agregar otro más: precipitar de nuevo la polarización nacional.

Quienes están al frente del gobierno deben despertar ante la realidad. La solución no es que se vayan. Eso aceleraría y profundizaría la crisis. La solución es que se olviden de la publicidad y reconstruyan la política. Poner una tregua al cumplimiento de compromisos de campaña y a su actitud prepotente de pretender, con una minoría, cambiar el rumbo del país y someter adversarios con la maquinaria del poder estatal y el dinero. Quienes estamos en la oposición, debemos estar conscientes de que la coyuntura de 2006 ya cambió: lo único que tiene sentido político y ético es evitar que se cierren las posibilidades de cambio, mediante una acción firme, prudente y responsable.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista