El recorrido de la llama por las calles de Londres, París y San Francisco se transformó en una carrera de obstáculos debido a las protestas contra la represión ejercida por el gobierno de China en Tíbet.

Son muchos los que piensan que la amenaza de boicotear los Juegos Olímpicos acrecentaría la presión sobre las autoridades chinas para que resuelvan rápida y pacíficamente la cuestión del Tíbet y tomen mucho más en serio la agenda de los derechos humanos. Para Amnistía Internacional y otras organizaciones, el uso generalizado en ese país de la pena de muerte, la detención de personas (sin cargos ni juicio previo) en los llamados “centros de reeducación por el trabajo” y la persistencia de la tortura son prácticas que siguen siendo objeto de especial preocupación.

Con los ojos del mundo puestos en China, no debe sorprender que diversas organizaciones estén aprovechando la oportunidad para denunciar prácticas que atentan contra las libertades de las personas. Este es el caso de los abusos que han acompañado —en distintas épocas— a la instrumentación de la llamada política del hijo único. El gobierno de China la adoptó en 1979 y más tarde la planificación familiar fue reconocida en la Constitución como un deber ciudadano. Con esta política, las parejas que residen en las ciudades sólo pueden tener un descendiente. En contraste, el gobierno permite a las minorías étnicas y a los pobladores de las zonas rurales tener un segundo hijo si el primero es mujer.

La política del hijo único descansa en la aplicación de un sistema de incentivos y sanciones. A quienes se comprometen a tener un solo hijo, el gobierno chino les asigna prioridad en los servicios pediátricos y educativos, la dotación de vivienda, los apoyos en dinero o los permisos de maternidad (o paternidad). A quienes incumplen los lineamientos de esta política, las sanciones van desde mayores impuestos y el congelamiento de salarios hasta el acceso restringido de los hijos a guarderías y escuelas. Según las autoridades chinas, la del hijo único ha sido una política muy exitosa: de no haberse puesto en práctica, en China habría mil 600 millones de habitantes, es decir, alrededor de 300 millones más que la población actual.

Sin embargo, las propias autoridades chinas reconocen que la política del hijo único no ha estado exenta de abusos. Se sabe que los cuestionables métodos utilizados por algunos funcionarios locales para hacer cumplir las metas de control poblacional dentro de sus jurisdicciones (hostigamiento, esterilizaciones y abortos forzados) han provocado desórdenes y protestas violentas en varias ciudades y provincias.

Además, esta política ha tenido profundos y variados efectos. Por ejemplo, la preferencia cultural por los varones ha propiciado el sacrificio (o el abandono) de millones de niñas. Como consecuencia de estas prácticas, en China hay muchos más hombres que mujeres. En la próxima década, uno de cada cinco varones chinos probablemente no encuentre pareja cuando alcance la edad de formar una familia, lo que eventualmente podría desencadenar migraciones masivas, divorcios, tráfico de mujeres, violencia e inestabilidad social.

Consciente de los riesgos de estas tendencias, el gobierno chino ha impulsado diversas medidas para evitar abusos y eliminar las prácticas de discriminación de género desde la gestación. Algunos observadores no descartan que pronto se abandone la política del hijo único, como lo sugirió un alto funcionario a principios de marzo pasado.

Sin embargo, el propio ministro de planificación familiar afirmó de inmediato que ésta no sufrirá cambio alguno, ya que su relajamiento significaría desbordar ampliamente la capacidad de escuelas, hospitales y otros servicios. Estas dudas sobre el futuro de la política del hijo único no hacen más que confirmar lo que se dice a menudo: “La única certeza sobre China es la incertidumbre”.

r_tuiran@yahoo.com.mx

Analista y subsecretario de Educación Superior de la SEP