El juez Mario Carroza ha ordenado el procesamiento y arresto del ex vicecomandante del Ejército, ex integrante de la Junta Militar y luego senador designado, general retirado Santiago Sinclair y el de otros 26 militares, la mayoría de ellos adscritos a los servicios de seguridad de la época.
Sinclair, junto al ex jefe de la Dirección e Inteligencia del Ejército general retirado Hugo Prado y el actual coronel en activo Marco Antonio Bustos, fue imputado por el secuestro en septiembre de 1987 de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización guerrillera que un año antes había atentado contra la vida de Pinochet. Los cinco militantes de izquierda fueron secuestrados para realizar un canje por el entonces coronel Carlos Carreño que estaba en poder del FPMR desde el 1 de septiembre de 1987. Los secuestros de los cinco jóvenes se produjeron entre el 9 y 10 del mismo mes en Santiago.
Por entonces, Sinclair ocupaba la vicecomandancia del Ejército y ejercía en plenitud las atribuciones del jefe de la rama castrense, pues Pinochet estaba dedicado a sus tareas en la jefatura del Estado. Sinclair era el más cercano colaborador del dictador que murió en el 2006, tanto que Pinochet también lo nombró su representante ante la Junta Militar que integraban los jefes de las Fuerzas Armadas y que actuaba como el poder legislativo. Más tarde, ya iniciada la recuperación democrática, Sinclair fue senador designado en representación del Ejército y con la venia de Pinochet, hasta 1998.
El juez Carroza estableció que a fines de 1987, y cuando el coronel Carreño ya había sido liberado en Brasil por el FPMR, Pinochet ordenó eliminar a los cinco jóvenes secuestrados. Esto quedó de manifiesto en una reunión de coordinación de los servicios de seguridad a la que asistió Sinclair y dio luz verde a la operación para borrar todo vestigio de los cinco izquierdistas que vivían en la clandestinidad cuando fueron arrestados. Al igual que como lo había hecho la DINA años antes, los cinco jóvenes fuerona sesinados en un cuartel, luego puestos en sacos con cadenas y finalmente transportados en un helicóptero para ser arrojados al mar a unos 120 kilómetros de Santiago.
Aunque Sinclair y los otros militares obtuvieron su libertad bajo fianza, el proceso estableció por primera vez la responsabilidad institucional del Ejército en cinco de los casi tres mil casos de ejecuciones sumarias y desaparición forzosa ocurridas en los 17 años de la dictadura de Pinochet.
