En términos concretos, en México tal vez esto quiere decir que por cada persona de la delincuencia organizada que el aparato policial y el sistema penal persiguen, procesan y condenan, se encuentran muchas más disponibles para sustituirla. Si esto es así, el Estado debe buscar nuevos enfoques para tratar el problema. De lo contrario, ni siquiera podríamos aspirar a una contención razonable del mismo.

La delincuencia organizada debe ser mirada desde una perspectiva amplia. Es un producto social que tiene a su vez causas estructurales diversas, lo cual implica que las aproximaciones policial, penal y militar deben ser contextualizadas en un modelo de análisis que integre las variables necesarias para caracterizar el tejido social que produce la expresión criminal.

Es por esto que los más avanzados modelos de política pública contra el delito y la violencia incluyen diagnósticos que no se agotan, como sucedió por décadas, en la identificación y previsión del comportamiento criminal, dado que ahora agregan una lectura compleja y profunda que responde a la siguiente pregunta: ¿de qué están hechas las comunidades? Este enfoque parece estar en el núcleo de algunos éxitos en la disminución de la violencia, por ejemplo, en Bogotá y Medellín, donde alcaldes como Mockus, Fajardo y Salazar insertan su mirada de la inseguridad en una más amplia que caracteriza y transforma la convivencia en su conjunto.

Se trata de análisis complejos que rebasan los circuitos de la seguridad pública, la justicia penal y la seguridad nacional —si bien desde luego los involucran—, y que deben ser llevados hacia comunidades epistémicas diversas. Expertas y expertos de la sociología, la antropología social, la ciencia política, la economía, el derecho, entre muchos otros, deben elaborar sus interpretaciones en torno a la delincuencia organizada y llevarlas al debate público.

Este es el camino para refinar la política criminal, precisamente ahora cuando la misma aparece insuficiente por igual en su discurso y sus resultados, al tiempo que simples proyecciones de la violencia ya nos permiten avizorar una catástrofe social de proporciones descomunales.

Actualmente el gobierno federal defiende su modelo de combate a la delincuencia organizada y críticos diversos lo cuestionamos, en ejercicio de una de las más sanas prácticas de la democracia, la deliberación. Pero no parece que estemos agregando valor en el camino. Por ello, es tiempo de profundizar la discusión, precisamente en una mecánica que permita ampliar las interpretaciones.

Una visión de Estado debe identificar que el objetivo del debate no es calificar al Ejecutivo federal en su estrategia, sino calificar la viabilidad de un país donde de manera masiva se cierran las oportunidades formales y se abren las informales, entre ellas las que ofrecen los mercados y grupos criminales.

Fuentes muy diversas a lo largo del país enseñan la acelerada multiplicación de la presencia y el poder de estos grupos, dentro y fuera del aparato público, con lo cual estamos ante un problema que va más allá de uno u otro gobierno y que erosiona la estabilidad misma del Estado mexicano. En consecuencia, quien gobierna hoy y quien busca gobernar mañana son directamente interpelados por este desafío.

No atender la necesidad de revisar y ampliar la agenda contra la delincuencia organizada, desde un enfoque social profundo, sólo abonará al debilitamiento del Estado y al empoderamiento de aquélla. A mi parecer, toca al Congreso de la Unión encabezar la iniciativa. Es mi propuesta por una agenda social contra la delincuencia organizada.

**Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC