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15/07/2006 | Una guerra no convencional

Ernesto López Portillo

Miramos con horror la espiral de violencia en torno del narcotráfico. Hemos llegado a la disolución de cualquier límite y los hechos sangrientos se acomodan en el diario convivir, frente a una sociedad que mira atónita cómo las organizaciones delictivas pelean por el control del mercado y por los territorios.

 

Entre ellos, es una guerra no convencional. Ha sido apenas publicado un informe denominado Estado bajo asalto: la narcoviolencia y la corrupción en México. Las consecuencias indeseadas de la guerra contra las drogas (www.wola.org ).

El documento expone que estamos ante la alteración del balance de poder entre las principales organizaciones del narcotráfico.

De la violencia se sigue al miedo y éste, a su vez, modifica el tejido social y el comportamiento de actores diversos, como los medios de comunicación, donde se anida la censura y autocensura. El texto además señala el fracaso del uso de intervenciones basadas en la fuerza, refiriéndose en concreto al operativo México Seguro.

¿Y las causas? "La narcoviolencia en México es en gran medida una consecuencia de la ilegalidad del comercio de las drogas".

La violencia también se atribuye "a la exitosa captura por parte del gobierno mexicano de los narcotraficantes más importantes, lo que ha debilitado a las antes poderosas organizaciones y brindado la oportunidad para que otras entren y las sustituyan".

La voz de Luis Astorga aparece en el informe y, como acostumbra, ilustra el debate: esta escalada de violencia se debe también a la transición política del país: "La policía y las instituciones de inteligencia -notablemente la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF)- regulaban, controlaban y contenían el narcotráfico, protegiendo a grupos de narcotraficantes y mediando los conflictos entre éstos. Sin embargo, a medida que el PRI fue perdiendo el poder, los aparatos del Estado dejaron de fijar las reglas de juego o de resolver los conflictos. Los traficantes recurrieron a la violencia para hacer cumplir los pactos con sus clientes, aclarar cuentas con las organizaciones rivales, e intimidar o vengarse de los agentes de aplicación de la ley".

Se hace un recuento de la narcocorrupción, asociada ésta a la debilidad institucional, a la falta de transparencia y supervisión interna y externa, y a la debilidad de los mecanismos para castigar la corrupción. El informe aporta una mirada más crítica y profunda cuando afirma que la narcoviolencia "tiene su raíz en y es inseparable de las políticas estadounidenses: por un lado, el gobierno estadounidense prohíbe drogas como la mariguana, la cocaína y la heroína, y por el otro, fracasa en reducir sustancialmente la demanda en Estados Unidos de estas sustancias ilegales". De ahí que el estudio llame al vecino del norte a revalorar sus políticas, avanzando hacia un compromiso mucho más profundo y eficaz en la reducción de la demanda dentro de sus fronteras, en el control de la venta de armas, parte de las cuales caen en manos de los delincuentes en México y en el apoyo a la reforma de las instituciones judiciales y policiales mexicanas, más basado en transformaciones estructurales y menos en programas de entrenamiento y entrega de equipo.

El texto de Laurie Freeman no tiene desperdicio y arroja aspectos clave para mejorar la calidad de la discusión y de las políticas públicas, mismas que, vistas desde el lente de la violencia, cada vez generan mayores motivos de preocupación. Cuando concluya el proceso electoral, el presidente electo encontrará que desde 2005 hasta la fecha suman 2 mil muertes asociadas al narcotráfico. La serena, rigurosa, equilibrada y profunda revisión de lo hecho no podrá esperar; tampoco una clara decisión hacia el replanteamiento de las políticas, por igual ante México y ante EU.

Presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC

El Universal (Mexico)

 


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