Precede a esta propuesta la iniciativa presentada por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, encaminada a desaparecer las policías municipales y organizar sólo 32 agencias estatales. El gobierno federal debió haber lanzado la propuesta de revisión del modelo policial primero y, sólo después de haberse logrado el consenso y el formato de la discusión, poner su visión en la mesa. Ahora, las discusiones parecen sobrepuestas y las reacciones visibles comienzan a alinearse en torno a la desaparición o no de las policías municipales, cuando la pregunta de fondo es qué modelo policial necesita este país.

Así, hay dos escenarios: el deseable, que la comisión haga el trabajo que nunca se ha hecho, construyendo una respuesta de Estado, técnica y profunda a la pregunta de fondo; y el no deseable, que las autoridades ahoguen esa discusión en el rejuego político, alineándose unas a favor y otras en contra de la desaparición de las policías municipales.

Es momento de anteponer lo importante a lo urgente. Es momento de una decisión de Estado de mayor calado por parte del consejo. Es tiempo de modificar el rumbo de la policía en México. Es tiempo de pensar en la gente, en cada persona a lo largo del país que no recibe el servicio y la protección policial a la que tiene derecho, y en cada mujer y hombre policía que no hace su trabajo porque no tiene los medios para ello.

Basta de actuar desde el discurso elemental de “lo posible”. México debe construir un plan de reforma policial a tres, cinco, 10, 15 años. Una ruta técnica, predeterminada, controlada en su desarrollo, evaluada en sus avances y corregida a tiempo en sus deficiencias. Cuando en 1995 nació el Sistema Nacional de Seguridad Pública no fuimos a fondo con la policía; casi 15 años después, el país no tiene una ruta para hacerlo.

La comisión que propone el Presidente debe construir esa ruta e impulsar una base diagnóstica sin precedentes, entrando no sólo a ver los síntomas, sino sus causas. Por ejemplo, la mala formación policial y los bajos salarios son los síntomas, mientras que las causas están en el diseño institucional que reproduce esas condiciones. La comisión propuesta debe hacer el “mapa genético institucional” que explique la relación entre la o el policía y la institución de la que depende. Esto es crítico. La comisión debe estudiar al paciente en clave institucional, porque cada policía sólo hace y deja de hacer lo que su institución promueve o permite.

La policía ha estado atrapada en el mal de la contingencia, que es una enfermedad crónica que afecta a buena parte de las autoridades y a muchos ciudadanos, y que consiste en improvisar supuestas soluciones inmediatas, bajo el argumento de que “no hay tiempo que perder”.

Es un mal que aprovecha la desesperación del ciudadano promedio, quien apoya lo que parecen medidas contundentes que resolverán la inseguridad. Padecimiento altamente socorrido por gobiernos que, al no contar con instrumentos técnicos profesionales para diseñar e implementar las grandes transformaciones, repiten la fórmula de solicitar más recursos, aun sin argumento sólido alguno que muestre cómo tal incremento resolverá la inseguridad, la criminalidad y la violencia.

¿Puede este régimen político superar el mal de la contingencia y procesar la reconstrucción del modelo policial mexicano? Tal vez no, pero ahí está la propuesta presidencial. Ahora es tiempo de la intervención por parte del secretario ejecutivo del sistema para lograr entrar a quirófano, de manera que en la sala de operaciones trabaje la intervención técnica que mire y cure las causas estructurales, además de las personales, que llevaron al paciente al estado de coma.

Policías municipales, ¿sí o no? Lo sabremos cuando tengamos el informe del equipo de cirujanos; ahora sólo tenemos el del internista.

**Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC