Continúa sin profesionalizarse y especializarse, con lo cual las decisiones siguen ancladas principalmente a la intuición. Verifico lo anterior de manera directa y regular. Y esto va más allá de que exista o no voluntad para resolver el problema.

Hace falta conectar la teoría y el método con la toma de decisiones de gobierno. ¿Por qué no se ha logrado esto? Las causas son varias, pero la más importante es la resistencia al cambio entre los funcionarios electos, las burocracias y la policía. Tal resistencia, a su vez, puede ser de mala o buena fe. Muy poco se puede hacer cuando no se quiere cambiar la manera de hacer las cosas en razón de intereses ilegítimos; en ese caso, los gobiernos construyen un cerco impenetrable. Pero las resistencias pueden ser también producto del desconocimiento de las alternativas, y es aquí, donde se revela el más importante déficit estructural del Estado mexicano en este tema: las administraciones públicas no incluyen cuadros civiles expertos en seguridad y violencia; por eso, en el mejor de los casos, se repiten los viejos remedios, en un contexto de nuevos problemas.

Hace quince años, el primer anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública incluía la creación del Centro Nacional de Investigación en la materia, desde donde se crearía el conocimiento y el sistema educativo para diseminarlo hacia todo el país. El anteproyecto fue rasurado en la negociación política para crear el Sistema y el Centro desapareció. Aquí están los resultados. No están los cuadros profesionales capaces de construir alternativas de políticas públicas democráticas, modernas y eficaces para la seguridad. De haberse instalado, el Centro habría construido un ciclo virtuoso entre la teoría mexicana de la seguridad pública y la sistematización de la experiencia, todo al servicio de la mejor toma de decisiones, por la vía del Sistema Nacional. Ahora el problema es infinitamente mayor, la demanda de alternativas se multiplica y el gremio especializado en la seguridad pública, si bien avanza, se antoja, en todo caso, simbólico ante el tamaño del desafío.

Que no quede duda, más allá de la resistencia al cambio, producto de la mala fe, tenemos miles de operadores en el aparato público que, en efecto, quisieran hacer frente a la inseguridad y la violencia con medidas eficaces y legítimas, pero no saben cómo hacerlo ni a quién preguntarle. Y tenemos muchos que incluso anticipan que las medidas que están aplicando no van a funcionar, y tampoco saben hacia dónde girar el timón. La repetición de las viejas medicinas termina justificándose en la más conocida de todas las evasivas: la falta de recursos. El discurso de la falta de fondos es al mismo tiempo causa y consecuencia de la falta de respuestas profesionales y especializadas.

Se cree y repite hasta el cansancio que con recursos se resuelve el problema, pero no se ponen métodos en la mesa que así lo demuestren. Ahora todo es más difícil que antes porque la inseguridad y la violencia han crecido, y el ambiente se ha contaminado de la urgencia, de manera que toda medida que no sea percibida como “de alto impacto”, es calificada como inservible. Y así, el círculo vicioso se cierra: la inseguridad y la violencia crecen, los gobiernos la enfrentan principalmente desde la intuición y bajo presión extrema, vienen las “medidas de alto impacto” que en el fondo o no sirven para nada o empeoran las cosas, la inseguridad y la violencia crecen, y así sucesivamente.

¿Acaso alguien puede justificar seguir aplazando la inversión masiva para crear la nueva generación de profesionales civiles de la seguridad pública? Lo urgente es detener la inseguridad y la violencia, pero lo importante es dotar a los gobiernos de personas capaces de hacerlo. ¿Hasta cuándo?

*Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.