Las razones son muy complejas pero el dato duro está demostrado: los oficiales y las instituciones de las que dependen intentan, en mayor o menor medida y por todos los medios, incluso ilegales, mantener el más amplio margen posible de opacidad en torno al uso y abuso de sus poderes, precisamente porque tal opacidad reduce los estándares de rendición de cuentas.

La fórmula es muy simple: a menor visibilidad, menor control; y la debilidad de los controles es la llave que abre la puerta a la autonomía que permite a la policía, día a día, rendir cuentas, si acaso, principalmente ante sí misma. Una de las evidencias de lo que afirmo está a la vista: es mínima la cantidad de estudios empíricos que a lo largo del planeta han podido reconstruir y evaluar la rutina policial.

Ejemplo de actualidad: aún no hay disponibles en el mundo indicadores consolidados para medir la violencia policial. El dato me lo acaba de confirmar Christopher Stone, profesor de la Universidad de Harvard y uno de los más influyentes estudiosos del tema, justo cuando nos convocaba a participar en un esfuerzo internacional para diseñar tales indicadores, bajo el auspicio de la fundación MacArthur. La pregunta es por qué no existen esos indicadores; en buena medida, precisamente dada la resistencia de la policía frente a los esfuerzos para averiguar, desde fuera de ella, cómo ejerce la violencia dentro y fuera de los límites legales.

La buena noticia es que los empeños en el control y apoyo de la policía, desde el exterior a la misma, van por muy buen camino, tal como lo demuestra la presencia de más de 500 expertos en la reunión en San José, California, de la Asociación Nacional de Supervisores Civiles de la Policía (www.nacole.org), procedentes de decenas de estados de la Unión Americana (donde ya funcionan más de 160 entidades civiles que supervisan a la policía), más Austria, Brasil, Inglaterra, Irlanda del Norte, México, Kosovo, Kenya, Namibia y Nueva Zelanda, entre muchos otros. Los supervisores son autoridades que reciben quejas por mala conducta policial, investigan los hechos y no sólo emiten una resolución aplicable al caso concreto, sino además elaboran recomendaciones de mejora institucional de la policía, a partir de los patrones de comportamiento establecidos a través de las quejas.

Salvo en el caso de Irlanda, donde el llamado ombudsman de la Policía tiene poderes incluso de sanción, lo normal es que los supervisores, por sí mismos, no imponen las consecuencias de una mala conducta que ha sido probada; lo que hacen es mandar el expediente al titular de la policía, quien impone la sanción del caso. La evidencia es incuestionable: estos vigilantes del vigilante contienen el abuso y al mismo tiempo apoyan la modernización policial. Al menos cinco de los más destacados representantes de este movimiento global formarán parte del Consejo Asesor Internacional del Monitor Civil de la Policía de La Montaña de Guerrero.

Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC