Ocho décadas después, el fantasma de Hoover parece regir la política fiscal de México. En medio de la más profunda caída del PIB mexicano desde la Gran Depresión, nuestras autoridades hacendarias —en vez de aplicar una política fiscal expansiva, incrementando resueltamente la inversión y el gasto públicos— se han mantenido fieles al dogma de la “disciplina fiscal”. Primero, equilibrando el presupuesto de 2009 mediante un recorte de la inversión y el gasto públicos por 85 mil millones de pesos, cuyos mayores efectos sobre la economía real se harán sentir en el último trimestre de este año. Segundo, mediante el programa económico que la SHCP propone para 2010, en el que establece recortes de la inversión y el gasto públicos por 74 mil 200 millones de pesos (0.6% del PIB), así como un incremento de los impuestos por 176 mil millones de pesos (1.4% del PIB). Las lecciones de la Gran Depresión parecen haberse olvidado en México.
Desde luego, Hoover no jala los pies de los países desarrollados —ni de las economías emergentes más dinámicas—, que conservan su capacidad de enfrentar las recesiones mediante políticas fiscales expansivas, incurriendo incluso en déficit presupuestales elevados. Baste recordar que para 2009 el FMI pronostica que Estados Unidos tendrá un déficit fiscal de 13.6% del PIB y para 2010 un déficit de 9.7% del PIB; para Japón anticipa un déficit fiscal de 9.9% del PIB en 2009 y de 9.8% del PIB en 2010, etcétera.
En cambio, el déficit fiscal de México será de 0% del PIB en 2009, sin considerar la inversión de Pemex, y de 2.1% del PIB considerando dicha inversión; y para 2010 —si se aprueba el paquete económico propuesto por la SHCP— el déficit fiscal será de 0.5% del PIB sin la inversión petrolera, y de 2.5% del PIB con dicha inversión.
Desde luego, el costo de la ortodoxia es enorme. Mientras en Estados Unidos, que fue el epicentro de la crisis económica mundial, el PIB caerá 2.7% en 2009, en México la caída del PIB será de 8%, según los pronósticos de la OCDE.
El problema se agrava porque —exceptuando la reducción del gasto superfluo, como sueldos extravagantes y prebendas de altos funcionarios— los recortes de la inversión y del gasto públicos no sólo traen consigo efectos contraccionistas sobre la actividad económica, sino que afectan las piedras angulares de la productividad y la competitividad en el largo plazo (formación de recursos humanos, construcción de infraestructura, ciencia y tecnología, etcétera), cercenando el desarrollo futuro del país.
Además, el incremento de impuestos propuesto por la SHCP para 2010 —especialmente el 2% de IVA disfrazado para todos los bienes y servicios y el 4% sobre servicios telefónicos— no sólo aumentaría la inequidad del sistema impositivo mexicano (véase nuestra entrega del 3/IX/09), sino que traería consigo efectos contraccionistas adicionales sobre la demanda agregada, la producción y el empleo.
Hay que desechar las propuestas de Hoover. En cambio, hay que atender las lúcidas recomendaciones de la jefa de la División de Estudios Económicos de la OCDE, Piritta Sorsa, quien durante la presentación del Estudio económico sobre México 2009 sugirió a nuestro país “postergar el alza de impuestos para después de la reactivación económica” y “dejar que aumente el déficit fiscal a 5% del PIB para 2010” (EL UNIVERSAL, 31/VII/09 y El Financiero, 31/VII/09). Este es el punto: la suma de recortes presupuestales e incrementos de impuestos que propone la SHCP para 2010 representan 2% del PIB, de modo que podrían evitarse mediante un déficit incluso menor del recomendado por la OCDE.
Pero atención: no se trata de postergar indefinidamente la reforma fiscal que México requiere para que el Estado cuente con recursos suficientes para el cumplimiento cabal de sus funciones en el desarrollo. Es sólo cuestión de tiempo: los acuerdos políticos para una nueva hacienda pública diseñada con visión de Estado sólo pueden construirse mediante una reflexión abierta e informada —versión aumentada de los foros energéticos organizados por el Senado—, que desemboque en una reforma hacendaria integral de amplio respaldo ciudadano para su entrada en vigor a partir de 2011.
**Investigador del Instituto deInvestigaciones Económicas de la UNAM
