Recuérdese que, hace un año, cuatro economías emergentes fueron reposicionadas: China, cuyo poder de voto pasó de 2.94% a 3.65%; México, de 1.2% a 1.43%; Corea del Sur, de 0.76% a 1.33%; y Turquía, de 0.45% a 0.53%. Esta reasignación fue presentada entonces por el director gerente del FMI, Rodrigo de Rato, como “la reforma más grande de los últimos 60 años” desde la fundación del FMI en Bretton Woods.

Sin embargo, esta reforma dejó prácticamente intacto el poder de los países ricos, especialmente de Estados Unidos, que cuenta con 17.06% del poder de voto y es el único país con facultad de vetar las decisiones del FMI (de hecho, es el país que realmente controla y dirige al FMI, no obstante que su director gerente sea tradicionalmente europeo).

La expectativa de que la reunión en Washington, concluida este lunes, traería consigo un mayor avance en el reparto de cuotas y derechos de voto quedó diluida en un débil acuerdo sobre una futura reasignación (www.imf.org/external/spanish/index.htm), que dejará prácticamente intocado el poder de EU.

El problema mayor estriba en que su inequitativa estructura de gobierno es sólo una de las aristas de la crisis de legitimidad que padece el FMI. Su cuestionamiento más relevante consiste en el contenido de las prescripciones de política económica que el FMI receta a los países en desarrollo.

Mientras los países industrializados aplican políticas fiscales y monetarias expansivas (contracíclicas) para apuntalar su crecimiento en caso de recesión o desaceleración de sus economías (incurriendo entonces en elevados déficit fiscales y en posturas monetarias expansivas), la receta que el FMI prescribe a los países en desarrollo es exactamente la contraria: austeridad fiscal y “disciplina” monetaria, aunque nuestras economías se hundan en profundas recesiones o en prolongados estancamientos.

Asimismo, mientras los países industriales aplican multifacéticas políticas de fomento sectorial, manteniendo sus sistemas de incentivos no sólo para sus industrias estratégicas —como la aeroespacial y la electrónica—, sino también para sectores tradicionales como el agrícola, los “expertos” del FMI —directamente o a través de condicionamientos cruzados con el Banco Mundial— presionan a los países en desarrollo para que supriman sus políticas sectoriales, asegurándoles que así lograrán una mejor asignación de sus recursos productivos y mayores tasas de crecimiento económico.

En general, las disparidades entre las políticas públicas que aplican los países de mayor desarrollo económico del planeta y las políticas que el FMI recomienda a los países en desarrollo son abismales.

Por eso, como ha observado Amartya Sen, premio Nobel de Economía 1999, “la cuestión central en disputa” consiste en “la inequidad en el balance general de los arreglos institucionales, lo que provoca una distribución muy desigual de los beneficios de la globalización”; de allí “la urgente necesidad de reformarlos” (A. Sen, “How to judge globalism”, en The American Prospect, Vol. 13, Núm. 1, 2002). Parece una tarea titánica y prácticamente utópica. Pero si la integración económica global resulta ser inesquivable, también lo son los arreglos institucionales de buen manejo de la economía global, incluyendo la reforma de las políticas y formas de gobierno de los organismos financieros internacionales.

En esta perspectiva, el enorme desperdicio de recursos —humanos, naturales y de capital—, provocado por la volatilidad en el crecimiento económico de numerosos países en desarrollo entrampados en la ortodoxia macroeconómica que hoy prescribe el FMI, podría dejarse atrás mediante el retorno del Fondo Monetario Internacional al mandato original que le fue asignado en Bretton Woods: promover la aplicación de políticas macroeconómicas contracíclicas orientadas a sostener la demanda global y el pleno empleo. Esta sería la verdadera reforma salvadora del FMI.

Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM