Aunque las asimetrías socioeconómicas en el desarrollo territorial constituyen un problema estructural endémico de México, los procesos de convergencia observados entre los años 40 y los 70 se truncaron desde los años 80, observándose una profundización de las desigualdades regionales bajo el modelo neoliberal.

En particular, la integración neoliberal de México en el TLCAN, en vez de contribuir a reducir las desigualdades espaciales, ha tendido más bien a ahondarlas, al priorizar áreas con ventajas competitivas dejando en el abandono a las regiones menos favorecidas y, por ello, ampliando las brechas entre regiones marginadas y "prósperas".

En general, es ilusorio esperar que la mano invisible del mercado corrija las asimetrías espaciales. La experiencia internacional indica que las desigualdades regionales, si no son atemperadas por políticas públicas, tienden a agudizarse debido a deficiencias de infraestructura y desarrollo institucional, así como a la imperfecta movilidad del trabajo y el capital. Por ello, el Estado debe asumir sus responsabilidades en el desarrollo territorial, contrarrestando las tendencias del mercado a la ampliación de las desigualdades socioeconómicas espaciales.

En esta perspectiva, como experiencia paradigmática, las políticas regionales de la Unión Europea y la filosofía que las inspira, deberían ser referente de una política consistente de desarrollo territorial para México. Después de reconocer que la integración no necesariamente supondría un desarrollo equilibrado entre las diferentes regiones europeas, se formaron organismos especializados y fondos comunitarios (estructurales y de cohesión social) para compensar los costos sociales de la integración y reducir las desigualdades territoriales, induciendo un proceso de convergencia en los niveles de ingreso y bienestar. Gracias a estos fondos (que se integran con aportaciones de los países en proporción de su PIB per cápita y los reciben las regiones en función de su atraso relativo), a los cuales se agregó el libre flujo de mano de obra entre los países miembros de la UE, se ha observado un proceso de convergencia.

Por ejemplo, en 1989, el PIB per cápita de Grecia y de Portugal era 52.5% y 56.3%, respectivamente, del PIB per cápita medio de la Comunidad Europea; en 1996, estos países habían alcanzado 64.9% y 67.5%, respectivamente, de la media comunitaria; y en 2002, Grecia y Portugal alcanzaron 70.8% y 70.9%, respectivamente, del PIB per cápita medio de la Unión Europea. Para los países recientemente incorporados a la UE, estos fondos estructurales y de cohesión social -así como el libre flujo de mano de obra- constituirán, sin duda, importantes palancas de su desarrollo.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en cambio, no hay un solo dólar de fondos compensatorios para paliar los costos regionales de la integración, ni existe libre flujo de mano de obra; y en México no existe una política integral de desarrollo territorial para reducir progresivamente las desigualdades espaciales. Por ello, en lo externo, es necesario introducir en la agenda internacional de México una futura negociación para instituir dentro del TLCAN un fondo compensatorio trinacional, como expresión de la corresponsabilidad en los efectos regionales de la integración, además de instituir el libre flujo de mano de obra entre los países miembros del TLCAN. En lo interno, bajo cualquier escenario supranacional, el país requiere una política de promoción regional asentada en una congruente noción de desarrollo sustentable (es decir, que contemple simultáneamente los objetivos de crecimiento económico, equidad social y desarrollo ambiental) y que, basada en un verdadero federalismo, corrija las profundas desigualdades territoriales en las oportunidades de acceso a un nivel mínimo aceptable de bienestar.

En consecuencia, es apremiante diseñar e instrumentar una geoestrategia interna con visión de largo plazo, que planifique el desarrollo espacial y articule las políticas de desarrollo general (especialmente las de educación, nutrición, salud, vivienda e infraestructura residencial), así como las políticas de fomento económico (industrial, agrícola, energético, de infraestructura hidráulica, de transporte, etcétera) en un sistema integrado que incluya la participación de las regiones en el diseño y supervisión de las políticas y no sólo en su ejecución.

Teniendo a la región como variable y agente central de las políticas de fomento económico y social, será factible crear y desarrollar con más éxito las habilidades regionales, su vocación para absorber desarrollos tecnológicos, sus capacidades empresariales y el aprovechamiento de las externalidades asociadas a los conglomerados productivos, que México deberá impulsar para acortar las brechas -de productividad, ingreso y bienestar- que nos separan de los países desarrollados.

Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM