Porque el 4 de julio de 2010 vimos, por mencionar sólo algunos incidentes: a un comando armado robarse urnas en Durango; al gobierno de Hidalgo usar sin rubor a la policía contra sus adversarios; casillas en Tlaxcala donde sobran miles de boletas; acoso a votantes en Puebla, y un PREP demasiado sospechoso en Veracruz. Además, con Tamaulipas a la cabeza por supuesto, en varios estados hubo quien perdió la vida por participar en el proceso que se supone sustituye a la violencia como mecanismo de disputa del poder.

La alternancia en 5 estados, la efectividad de algunas alianzas y las derrotas de dinosaurios y caciques no deberían hacernos perder de vista que el sistema en su conjunto mostró graves deficiencias, comenzando por la desconfianza de distintos contendientes en quienes tendrían que arbitrar la competencia: los institutos estatales electorales, por su origen y actuar, estuvieron en general bajo sospecha.

En Puebla, por mencionar un caso, se dio en segundos una situación dual que muestra las dos caras del proceso. Inmediatamente tras emitir su voto —¿alguien se imagina un momento más democrático?— el candidato opositor buscó los micrófonos para advertir a los consejeros electorales poblanos que no confiaba en ellos, que en la noche, con su propio conteo de actas se proclamaría ganador.

Alguien ya definió muy bien lo que hoy acontece con los institutos electorales de los estados: son como empresas en donde el Consejo de Administración está compuesto por los partidos. Es decir, esos organismos que se supone deberían ser autónomos, en realidad saben que deben dar resultados no a los ciudadanos, sino a sus patrones, quienes los pusieron ahí. Este esquema no debería sorprendernos, al final los políticos se limitan a cumplir su palabra de “no permitir más cacicazgos ciudadanos”, como advirtió en 2007 Beatriz Paredes a Clara Jusidman en reunión privada.

Dice la Real Academia de la Lengua Española que fraude significa 1) acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete; 2) acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros, y 3) delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos. Si nos atenemos a estas definiciones, e independientemente de que en Puebla y en Oaxaca hayan sido derrotados los priístas, lo vivido en Hidalgo con un gobierno completamente volcado en la operación electoral, en Veracruz con el millonario dispendio gubernamental, en Tlaxcala, Durango, Zacatecas con la injerencia de los gobernadores, etcétera, nos debería alertar sobre el retorno de fraudes electorales que deben tener muy contento en su tumba al mismísimo Gonzalo N. Santos.