Melquíades Hernández Esparza, encargado del centro de rehabilitación para adictos a las drogas El Camino a la Recuperación, en Tijuana, escuchó disparos. Desde donde se encontraba, en la sección de dormitorios, alcanzó a mirar cuando se marchaban de la zona de desintoxicación cuatro hombres con pasamontañas y armas largas. Los homicidas habían dejado tras ellos 13 cuerpos tendidos al pie de una barda. Ese centro es uno de los muchos que opera de forma clandestina en Tijuana. Según la Secretaría Estatal de Salud, hay por lo menos 50 de estos lugares en la ciudad, aunque la gente sabe que se multiplican en los barrios y colonias donde proliferan los adictos.

Más allá de la guerra del narcotráfico y de los conflictos entre organizaciones del narco en pugna, destacan la impunidad y la violencia tras estos crímenes —y otros realizados con unmodus operandi similar—, que se han arraigado en las estructuras del poder económico y político de ambas ciudades: el crimen organizado siempre opera a la sombra de la corrupción.

En la crisis económica que azota a Ciudad Juárez, el único negocio que ha prosperado en los últimos dos años es el narcomenudeo. La disponibilidad de droga en los barrios, lejos de disminuir, ha crecido; todo a pesar de los dispositivos de vigilancia en los que intervienen el Ejército y la Policía Federal. Lo mismo ocurre en Tijuana, donde se estima que el narcocallejero se extiende por más de cinco mil “tienditas” diseminadas en la ciudad; un negocio que se calcula en 35 millones de dólares al mes.

Ciudad Juárez y Tijuana han sufrido como pocas ciudades del país los efectos de la degradación social generada por el negocio del narcotráfico. Esta actividad es operada por cárteles trasnacionales en busca de ganancias y del aniquilamiento de posibles competidores, lo que genera formas de violencia cada vez más extremas. La multiplicación de los delitos en los que interviene el crimen organizado, como la extorsión, secuestro, robo de automóviles, tráfico de indocumentados, trata de personas y la manufactura y control de la venta de piratería, son provechosos sucedáneos de la economía con la que el crimen organizado controla por lo menos 400 municipios del país, de acuerdo a recientes declaraciones del secretario de Gobernación, Francisco Blake.

GANANCIAS FUNERARIAS

En el panteón de Ciudad Juárez se acumulan las fosas comunes con cuerpos que nadie identifica ni reclama: el año pasado fueron más de 800 los sepultados. Laurencio Barraza me dice que cada mañana, al salir de su casa y dirigirse a la Organización Popular Independiente, donde trabaja, se hace cruces, pues la oficina está ubicada en contraesquina de una de las muchas tienditas del narco callejero en el centro de la ciudad. Es decir, se persigna y confía en que si vuelve a su casa será gracias a un poder superior, a algo más allá de la presencia del Ejército, la policía y la voluntad de los narcos.

Gustavo Muñoz Hepo, ex regidor municipal, teme cuando suena su celular mientras conversamos. Todo puede ocurrir en una ciudad donde alguien llamó a la Funeraria Latinoamericana para reclamar un porcentaje de las ganancias generadas por los muertos que la masacre ha proporcionado. Como el dueño se negó a pagar, prendieron fuego a su negocio.

Casa Amiga, fundada por Esther Chávez Cano, la primera en denunciar la atrocidad de los llamados feminicidios, se aboca a la atención de las víctimas de violencia doméstica. Parte de esa atención son las necesarias terapias donde las pacientes no sólo hablan de lo que las aqueja físicamente, sino también de sus problemas y temores. Irma Guadalupe Casas Franco, quien tiene a su cargo la operatividad del centro, dice que el tema abordado en las terapias ha cambiado: las mujeres ya no hablan de las agresiones sufridas, sino de los muertos en el barrio, de los conocidos, amigos y parientes ejecutados.

Cuando le pregunto a Elizabeth Flores, integrante de la Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez y quien ha vivido siempre en la ciudad, sobre qué puede ser lo peor de lo ocurrido en Juárez, guarda silencio por unos momentos, mira por la ventana a la solitaria calle iluminada por el mustio sol de otoño y dice con verdadero dolor: “El que la gente se esté quedando sin esperanza”.

SER SICARIO, LA OPCIÓN

Siete de cada 10 jóvenes en Ciudad Juárez pertenece a una de las muchas pandillas que existen en los barrios; carne de cañón para las organizaciones criminales que se disputan esta ciudad, punto estratégico para el narcotráfico. A menos de dos kilómetros de donde se perpetró la más reciente masacre, se encuentra Villas de Salvárcar, otra de las muchas colonias y barrios de Juárez donde el horizonte de vida de los jóvenes está reducido a la supervivencia. Allí murieron 15 muchachos asesinados por un comando —formado también por jóvenes— el pasado 31 de enero.

Más allá de las similitudes que se aprecian en el modus operandi de ambos ataques —los comandos transportados al lugar del crimen en autos y camionetas, el uso de armas de alto poder, la ejecución de una exacta operación consumada con frialdad en unos cuantos minutos—, hay que preguntar de dónde vienen las víctimas... y también los victimarios.

Todos vienen de la exclusión. En esta ciudad la maquila prosperó y muchos llegaron a engrosar las filas de nuevos contingentes obreros formados sobre todo por mujeres. Aquí crecieron muchos niños solos en los barrios, en las colonias donde las pandillas dejan sentir su violencia, como en Villas de Salvárcar y Horizontes del Sur, ubicadas en una zona de la ciudad próxima al poniente, donde se concentra 40 por ciento de la población de Juárez. Aquí la gente gana cuando mucho dos salarios mínimos por trabajar más de 50 horas a la semana. En esta zona se carece de infraestructura urbana y no hay más transporte que el usado por las maquiladoras; contrasta con la zona del suroeste, totalmente urbanizada, con fraccionamientos donde se ubican casi todas las escuelas y los hospitales de la ciudad.

Hasta 2005 se registró un acelerado incremento poblacional en el poniente de Ciudad Juárez. Se trata de personas que en su mayoría habitan viviendas de 70 metros cuadrados en espacios urbanos que carecen de los servicios elementales. En esa realidad, convertirse en sicario al servicio de los grupos del crimen organizado —Los Aztecas o Los Artistas Asesinos, que más da— representa para muchos jóvenes la única opción de futuro.

GEOGRAFÍA DE LA DELINCUENCIA

Los negocios cerrados abundan, lo mismo en el centro de la ciudad que en los barrios que lo circundan, así como en las modernas avenidas donde se ubican los hoteles, allí donde un día se vivió una efímera prosperidad. Por la noche el centro de la ciudad resulta sórdido, cuando menos por donde se atreve a circular el taxista durante una madrugada en que pretendo hacer un reconocimiento de los escenarios de esta extraña guerra. Sigo la ruta marcada por la geografía de la delincuencia de la que me habló Muñoz Hepo. “Ha habido colonias completas que se han perdido frente a los picaderos. El caso más representativo es La Bellavista, al oeste de la ciudad. Era una colonia juarense típica, de gente que trabajaba en El Paso y se mantenía con un buen nivel de vida. Por la cercanía del Puente Internacional, mucha gente cruzaba todos los días para trabajar del otro lado. Hoy, esa colonia se perdió por completo y está llena de picaderos.

“También tenemos las colonias nuevas, como la Guadalajara, ubicada al suroriente de la ciudad. Hay que tomar en cuenta que el crecimiento desbordado de la ciudad ha generado colonias sin ningún servicio. Eso, en lo que respecta al consumo de drogas y al narcotráfico, pero también hay un área donde el secuestro y la extorsión proliferan: el Paseo Triunfo de la República, las avenidas Gómez Morín y Tomás Fernández, tradicionalmente las zonas de mayor desarrollo comercial y económico, donde se concentran las oficinas, los restaurantes y demás. Muchos de esos negocios han sufrido un embate terrible por parte de la delincuencia, que ha quemado restaurantes, refaccionarías y hasta funerarias como la Latinoamericana”.

A partir de los tiempos de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, en Juárez se inició una ruta que llega a Nueva York y se expande por distintas ciudades del otro lado de la frontera. Desde el punto de vista logístico, la ciudad representa un punto clave en las operaciones del narcotráfico. Además de su ubicación geográfica, se encuentra conectada por las mejores carreteras: una larga ruta al norte que cruza Estados Unidos y llega hasta Canadá; dos distintas rutas de ferrocarril que llegan a El Paso, y además cuenta con cinco cruces internacionales: todo ello facilita el cruce de mercancía, legal e ilegal, por este punto fronterizo.

CENTROS DE EJECUCIÓN

“Acuérdense que fueron 134 toneladas, faltan más muertitos”, dijo la voz que irrumpió en la frecuencia radial de la policía. Unos minutos antes se había perpetrado la masacre de 13 jóvenes en el centro de rehabilitación El Camino de la Recuperación. Era la noche del domingo 24 de octubre. Se escuchó música de narcocorridos y después regresó la voz: “Una prueba de lo que es Juárez”, dijo, para de inmediato soltar una cruel advertencia: “Esto apenas empieza”.

El 18 de octubre pasado las autoridades decomisaron en Tijuana 134 toneladas de marihuana, un histórico golpe por su cantidad y sobre todo por su valor económico, estimado por la Secretaría de la Defensa Nacional en “805 mil 444 millones de pesos” (sic) si se hubiera comercializado en el mercado mexicano y en “196 mil 450 millones de dólares” (sic) de hacerlo del otro lado de la frontera.

En los dos últimos años cuatro masacres similares a esta se han consumado en centros de rehabilitación de Chihuahua: el dos de septiembre de 2009 16 jóvenes fueron asesinados en El Aliviane; 13 días después 10 personas fueron ejecutadas en Anexo de Vida, en Ciudad Juárez. El pasado 10 de junio otras 19 murieron en el Centro Cristiano Fe y Vida, y el 16 de julio fueron asesinadas seis personas más en un centro cristiano.

Nadie sabe cuántos centros de rehabilitación para adictos a las drogas existen en el país. De acuerdo a datos proporcionados por el propio secretario de Salud en una conferencia de prensa celebrada hace unos días, hay alrededor de mil 800. Tampoco se sabe lo que ocurre en su interior, cómo funcionan y cuáles son los posibles métodos empleados para la supuesta rehabilitación de los adictos.

Los testimonios de quienes han recurrido en Tijuana a esos centros con la esperanza de sacar del infierno de las adicciones a algún familiar, resultan un catálogo de abusos. Silverio de la Mora cuenta de su hijo: “Es un adicto en recuperación, muy pocos salen de la heroína. Son cadenas que amarran muy fuerte. Las vidas de este muchacho y de mi familia fueron trastocadas por las drogas. Cómo es posible que el gobierno permita que haya estos centros de rehabilitación, muchos de ellos dirigidos por ex adictos, que si bien entienden el dolor o por lo que pasa un adicto, no tienen la capacidad ni la formación para entender y resolver el problema. Mi hijo estuvo en uno de estos centros en la colonia Guerrero, y a los muchachos los colgaban de los pies y los golpeaban”.

Las autoridades reconocen la existencia de 50 centros de rehabilitación operando de manera clandestina en esta ciudad fronteriza, pero quienes han buscado en ellos atención, como Silverio, insisten: “Tijuana está llena de estos lugares”.

Nadie sabe lo que ocurre al interior de estos centros, ni menos si quienes los controlan y trabajan en ellos tienen nexos con el narcotráfico y operan bajo su férula. Pueden ser la mejor guarida o un buen lugar para reclutar nuevos integrantes: la carne de cañón necesaria, a la cual se puede pagar lo menos posible —y tal vez hasta en especie— por jalar el gatillo.

ASOCIACIÓN POLÍTICO-CRIMINAL

Víctor Clark Alfaro, de la Comisión Binacional de Derechos Humanos, profesor de la Universidad de San Diego, ha sido testigo de la degradación social producto de la presencia del narcotráfico en Tijuana. “Ésta es una ciudad tomada por asalto por el crimen organizado. Las organizaciones criminales han ido ganando espacios desde principios de la década de los noventa, espacios que antes estaban en manos del Estado, lo que ha provocado un deterioro en la calidad de vida y en los derechos humanos de la sociedad en su conjunto, creando una atmósfera de incertidumbre”.

José Luis Pérez Canchola, quien hace algunos años fuera el primer Procurador de Derechos Humanos en Tijuana, dice: “Para mí, la clase política tiene tanta o más responsabilidad que los cuerpos policiacos, en razón de lo que ha sucedido en los últimos 20 años en Baja California, en Tijuana. Tenemos que recordar que hubo funcionarios de alto nivel que se sentaron a dialogar con los criminales para que no cometieran delitos del fuero común. Con una ingenuidad tremenda, se entregó el estado a alguna de esas organizaciones criminales. Las consecuencias de ello han sido fatales; todo se agravó cuando llegaron políticos sin escrúpulos, quienes aceptaron o solicitaron dinero de las bandas del narcotráfico para financiar sus campañas políticas. En pago a esos recursos las organizaciones criminales exigieron puestos de mando de la policía en zonas clave para su negocio: no solamente aceptaron dinero del narco, sino que se asociaron con ellos”.

** Milenio: http://www.msemanal.com/node/3172