En el singular conflicto entre las Fuerzas Armadas del Estado mexicano y las del crimen organizado se cuentan ya más de 34 mil muertes durante los últimos cuatro años, entre ellas las de 994 niños y niñas, quienes, de acuerdo al informe “Infancia y conflicto armado en México”, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), han perdido la vida en medio de la lucha contra la delincuencia organizada.

La cifra resulta de un recuento periodístico: no existe información oficial sobre el saldo de los menores caídos, “daños colaterales” de este conflicto que ha sembrado violencia y desazón en todo el país. “Lamentablemente no existe una acción articulada, preventiva y afirmativa de derechos. En contraste encontramos ausencia de protocolos de seguridad para la niñez en el marco de las acciones armadas”, dice Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim.

Pérez agrega en la introducción al mencionado informe: “Observamos que se incrementa el estigma en contra de los niños y niñas que fallecen en las acciones militares contra el narcotráfico, a quienes de inmediato se les asocia con actividades delictivas, sin pruebas, ni investigación. Quizás por esta razón la mayoría de los decesos de infantes se han quedado en la impunidad”.

HASTA CONTRA NIÑOS

Un par de casos paradigmáticos son el asesinato de 10 jóvenes en la población de Pueblo Nuevo, Durango, y el caso de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años de edad, quienes viajaban por la Carretera Ribereña de Matamoros a la playa cuando perdieron la vida en un retén militar.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó su versión de los hechos: los muertos y los heridos fueron víctimas del fuego cruzado entre miembros del Ejército y sicarios que los atacaron. El informe de Redim señala: “En específico el procurador militar reveló que el ataque a la camioneta en la que viajaban los dos niños se realizó con granadas calibre 40 milímetros y que fueron esquirlas de este tipo de armas las que hirieron y causaron la muerte de los infantes. Este tipo de armamento —concluyó el procurador— no corresponde a las granadas usadas por el Ejército, además de que el personal militar que ese día participó en los hechos no contaba con ese tipo de armamento”.

Martín Almanza Rodríguez y Cynthia Salazar Castillo, los padres, rechazaron esta versión. Muchas veces han declarado que los soldados empezaron a disparar luego de que ellos cruzaron un retén carretero a bordo de su camioneta Tahoe. Afirman que no había más vehículos, que nadie disparó contra los militares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encargó de realizar una investigación independiente, y el 16 de junio de 2010 presentó sus conclusiones: la investigación de la Sedena no tiene sustento ni apego a las evidencias. No hubo enfrentamiento entre sicarios y militares y existió, además, un indebido levantamiento de indicios y preservación de evidencias.

En el caso de lo ocurrido en Pueblo Nuevo, Durango, donde fueron acribillados siete niños y tres jóvenes que viajaban en una camioneta pick up rumbo a la comunidad de Los Naranjos, se habló de un ataque perpetrado por Los Zetas en contra de quienes supusieron sus enemigos en la región, personas vinculadas con el cártel de Sinaloa. “Cuarenta y ocho horas después del incidente (sucedido el 28 de marzo de 2010) la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) carecía de una versión clara de los hechos, así como de los indicios solicitados para comenzar con la investigación que esclareciera lo sucedido y dar con los responsables”, se señala en el informe preparado por la Redim.

Yolanda, Erika, Iván y Margarita, todos integrantes de la familia Ortega Rueda, tenían 19, 11, 17 y 13 años de edad, respectivamente. Juana Francisca y Yesenia Sarabia Mancilla tenían 17 y 15 años; Pedro y Lázaro Leyva Cabrera, 21 y 19 años de edad. “Mis hijos me dijeron que iban a venir —según recuerda Florentina Cabrera Medrano—. Por eso ya los estaba esperando. Cuando escuché la balacera salí corriendo y subí por el monte. Cuando llegué todavía estaban tirando”.

LA MUERTE ACECHA A LOS JÓVENES

En las cifras sobre mortalidad infantil en México dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llama la atención el hecho de que en los adolescentes se haya incrementado el número de fallecimientos motivados por causas externas como accidentes, violencia y suicidio. Hasta el 2008, poco más de 20 por ciento de las muertes de jóvenes entre los 15 y 29 años de edad tuvo como causa accidentes de tránsito. Más de 19 por ciento murió por agresiones cometidas en su contra y seis por ciento por suicidio. Pero uno de los indicadores más graves es el de la mortalidad que sufren por homicidio: de acuerdo con los datos de Redim, las entidades más peligrosas para los adolescentes son Chihuahua, Sinaloa, Distrito Federal y el Estado de México. “Desglosando estos datos por edad —señala en el informe— se nota como la categoría de los niños más afectados por el incremento de las tasas de homicidio son los adolescentes desde los 15 años hasta los 17 años. De 2007 a 2008, en un solo año, la tasa de homicidio de Baja California subió de 8.33 hasta 24.3 por cada 100 mil personas de esta edad (un incremento de 291. 7 por ciento). En Chihuahua, la tasa de homicidios adolescentes por cada 100 mil personas pasó de 12.6 hasta 45.95, es decir un incremento de 364 por ciento. Aún más impresionante es el aumento de esta tasa en el estado de Sinaloa, donde pasó de 3.13 homicidios adolescentes por cada 100 mi personas en 2007 hasta 17.01 en 2009, con un incremento de 543 por ciento”.

Hace unas semanas se dio a conocer el documento “Pandillas delictivas”, elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR). Se trata de la geografía de las pandillas en territorio mexicano, y se estima que 214 de estos grupos tiene vínculos con diferentes bandas del crimen organizado.

Las pandillas reclutan a los jóvenes entre los 14 y 17 años, jóvenes para quienes el futuro parece negado, quienes pertenecen a la generación llamada por los medios Nini. La generación de los excluidos.

Esos jóvenes, que están entre 12 y 29 años, representa la tercera parte de la población del país, es decir, más de 30 millones de mexicanos que viven un difícil presente, asfixiados por la falta de espacios para su pleno desarrollo. “El narcotráfico, por supuesto, aprovecha la situación de desamparo en la que se encuentran niños y niñas y los explota económicamente (...) los niños están involucrados en toda la línea de la industria (delnarco). Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga”, concluye el informe.