El fenómeno de la corrupción oficial en Argentina preocupa a Estados Unidos, cuya Embajada en Buenos Aires envió al Departamento de Estado más de 100 despachos confidenciales, a lo largo de varios años, alertando sobre la fragilidad del sistema judicial en el país sudamericano y, consecuentemente, sobre la impunidad de quienes delinquen.

Sin auténtica voluntad política para erradicarla, la corrupción es generalizada en la judicatura y la policía, y alcanza a la política, según denuncia un informe enviado a Alberto. R. Gonzales, entonces Fiscal General de Estados Unidos, poco antes de su viaje a Buenos Aires.

La mayoría de los países de América Latina ocupan, con Venezuela a la cabeza, puestos lamentables en la clasificación de Transparencia Internacional (TI), ya que la corrupción atraviesa los negocios y la política, y las denuncias no resueltas sobre comisiones ilegales y sobornos son innumerables. Venezuela, Argentina, Paraguay, México Honduras, Ecuador o Bolivia figuran entre las naciones más castigadas por la corrupción oficial y la impunidad.

La renuncia del fiscal anticorrupción argentino Manuel Garrido, en marzo del 2009, alegando la imposibilidad de cumplir con su trabajo, maniatado por restricciones normativas, fue recibida con desagrado por la legación diplomática norteamericana. La Embajada había seguido atentamente las investigaciones de Garrido sobre el sospechoso incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno presidencial. "Los recientes movimientos del Gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción", condenó la Embajada.

A pesar de que el ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone de una oficina anticorrupción, ésta se ha centrado fundamentalmente en investigar los casos ocurridos durante las Administraciones de los presidentes Carlos Menem (1980-1999) y de Fernando de La Rúa (1999-2003). "Pero apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la Administración Kirchner", subrayan los funcionarios norteamericanos. Las apreciaciones sobre el matrimonio Kirchner son imputables a todos los Gobiernos argentinos, cuyos responsables ignoraron o minimizaron en su día las denuncias en su contra.

La frustración del juez Garrido, que después de más de 100 investigaciones no pudo lograr una sola condena, es entendible a tenor del promedio judicial argentino: desde el año 1986, únicamente se han registrado 50 sentencias condenatorias. La mayoría de las causas que llegan a los tribunales acaban extinguiéndose puesto que los procesos se eternizan una media de 14 años, según el Centro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos. Solo 15 de cada 750 acaban en el procesamiento de los denunciados.

Casi todo está bajo sospecha en los cables de la Embajada: desde el vértice del Estado hasta el funcionario, el comandante de provincias o el policía de comisaría enlodado con la prostitución y el tráfico ilegal.

El formato del fenómeno es variado. El ex-Ombudsman, Eduardo Mondino, confesó al entonces embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias sobre "la sistemática comisión del 15% cargada por el Gobierno argentino a todos los contratos privados con un tercer país". La oficina de Mondino trataba de determinar si se trataba de soborno o de malversación, y si el dinero obtenido fue depositado en un banco de Estados Unidos. El embajador prometió ayudar con cautela dado lo "delicado" del asunto.

Un cable implicó, de nuevo, al ministro de Planificación, Julio De Vido, en un caso de cohecho: el consejero delegado de una empresa alemana se quejó ante el ministro de que uno de sus ayudantes le había pedido dinero. "De Vido no tuvo interés en conocer el nombre del funcionario que ofendió [al consejero delegado] y en cambio le recomendó que grabara y filmara la próxima solicitud de soborno".

Los episodios vividos por empresarios y banqueros de diferentes nacionalidades podrían certificar la veracidad del contenido de las denuncias recogidas por la Embajada norteamericana. Un banquero español escuchó una y otra vez en Buenos Aires, al principio con incredulidad, que debía contactar con el denominado "grupo K" para "solucionar" sus problemas.

La conclusión del diputado conservador Federico Pinedo fue que las relaciones con Néstor Kirchner, fallecido el pasado año, "son más importantes que las instituciones". Las declaraciones fueron efectuadas a raíz del escándalo por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos que golpeó directamente al jefe del Ejército, el general Roberto Bendini, en 2008.

La Embajada alude también a la corrupción entre los militares, cuyas consecuencias rara vez son penales. "Los escándalos por corrupción en Argentina comienzan con mucho ruido para disiparse después en el olvido, debido a la parsimonia de las 'investigaciones' y el interminable peloteo judicial a los que son sometidos", resume un despacho, que cita la debilidad de la arquitectura anticorrupción nacional como fundamento de todos los males.

Otro informe recoge otra forma de corrupción: la captación política de los jueces con causas importantes a su cargo. Los magistrados, si aceptan, deben abandonar esas causas o paralizarlas, el objetivo pretendido por quienes les ofrecieron espacio en su listas electorales.

La envergadura del problema es enorme: los argentinos sacaron del país en torno a 130.000 millones de dólares, la mayoría procedentes de la evasión fiscal y la corrupción política. Para tratar de lograr su regreso, el Gobierno aprobó una ley de amnistía impositiva, sobre cuyos resultados y verdaderas intenciones aun existen recelos.

Dos abogados consultados por la Embajada norteamericana coincidieron en que el Gobierno de Kirchner presionó tanto para que se aprobara esa ley, pese a las dudas sobre su efectividad, para "permitir a funcionarios del Gobierno y sus cómplices en el sector privado blanquear el efectivo procedente de las comisiones, sobornos y otras formas de corrupción oficial, y legitimar negocios turbios, por ejemplo el juego".