Los gringos tardaron una década en cobrarle la factura al terrorista seudoislámico, autor intelectual de los atentados que derrumbaron las Torres Gemelas de Nueva York.

En el mismo lapso, los mexicanos no han podido seguirle la huella al legendario narcotraficante.

El Chapo se escapó del penal de “alta seguridad” de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001.

Se fugó escondido en un carrito de lavandería, cubierto con una sábana y encima de un colchón.

La facilidad con la que se escapó ha dado lugar a múltiples sospechas de complicidad de las autoridades.

Sabemos que la Policía Federal ha estado cerca, muy cerca, de atraparlo. Pero al final se las apaña para pelarse. “El gran factor es la base social con la que cuenta”, aseguran las autoridades. Es decir, lo protege la gente. 

 Alguna vez escuché a Genaro García Luna afirmar que, si el Congreso de la Unión no aprueba la reforma para crear la Policía Estatal Única (PEU), “no hay forma” de controlar al crimen organizado en México.

De ese tamaño es la importancia que la Secretaría de Seguridad Pública federal le da a la legislación para reemplazar a las policías municipales, muchas de las cuales son subsidiadas y están coludidas con los cárteles de la droga.

El lugar de los policías municipales lo tomarían los integrantes de la Policía Estatal Única.

Lo anterior viene a cuento porque ya no les queda mucho tiempo a los diputados y a los senadores de la actual Legislatura para sacar adelante la polémica iniciativa.

Si no se logran acuerdos en el próximo periodo ordinario de sesiones, que se inicia en septiembre, difícilmente podrán aprobar una ley de esa envergadura antes de 2013.

Se vienen las elecciones presidenciales y el cambio de gobierno. Habrá otra correlación de fuerzas en el Congreso. Por lo menos dos años más perdidos en esta cruenta batalla contra el narco —ya son 40 mil muertos—, cuyo final no se vislumbra.

Las principales resistencias a la creación de la PEU vienen, paradójicamente, del PAN. “Acción Nacional ve su fuerza política en las alcaldías”, aseguran.

Otra vez los intereses de partido sobre los intereses de la nación.

Una paradoja más: el ex procurador Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, es el principal detractor de la ley. ¿Va por la libre o con autorización?, es pregunta.

La SSP federal trata de sensibilizar a los aspirantes a la primera magistratura sobre la importancia de que el próximo sexenio ya esté autorizada la Policía Estatal Única. 

“De lo contrario, el Presidente de la República va a llegar con estructuras muy, pero muy debilitadas”, advierten.

 Una decena de senadores, entre ellos Ricardo Monreal, PT; Federico Döring, PAN; Ricardo Fidel Pacheco, PRI, comen este miércoles conMarisela Morales en los locales de la PGR.

La procuradora y los legisladores proseguirán la discusión del plan parablindar los comicios federales de 2012 contra los delitos electorales, como el uso de recursos ilícitos, la compra e inducción del voto, proselitismo en las casillas…  

La mula no era arisca. La desconfianza en los gobernadores ha llevado a la PGR y a los senadores a crear este grupo plural, asegura Ricardo Monreal.

 La resolución que otorga un amparo a Magdalena García Soto, presunta cómplice de violación de un pequeñito en el Instituto San Felipe, en Oaxaca, volvió a meter a la SCJN en el ojo del huracán.

Las críticas han sido tan ácidas que el máximo tribunal sacó ayer un comunicado en el que aclara que no se juzga la culpabilidad de la quejosa en el delito de violación que se le imputa, sino que no existen pruebas suficientes que comprueben el delito.

García Soto fue condenada por violación equiparada en agravio de ese menor y fue condenada a seis años ocho meses de prisión, y a una multa de 140 salarios mínimos. La decisión de la SCJN la pone en la calle.

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