Lo que era claro cuando comenzó “la guerra”, y lo sigue siendo ahora, es que había que enfrentar con toda la fuerza del Estado a las mafias que, aunque tienen sus raíces en el trafico de drogas, van mucho más allá. En los casos de Michoacán y el noreste de México las mafias, La familia y Los Zetas tienen lógica de control territorial y le compiten al Estado los dos grandes monopolios: el cobro de impuestos y el uso de la violencia. No se trata, pues, sólo de un asunto de delitos contra la salud sino de recuperación de terriorios.

Donde Calderón se ha equivocado desde el principio es en vendernos que la guerra es contra el narco. Eso fue un error gravísimo, la guerra debe ser por el Estado de derecho: es contra los narcos, contra los jueces y políticos corruptos, contra la delincuencia organizada y la desorganizada, contra la piratería, los abusos patronales y la invasión del espacio público. Si una “guerra” hay que emprender no es sólo contra el narco o los narcos sino contra la impunidad. El problema de fondo de la guerra contra las mafias es que nunca la ganaremos mientras no demos una batalla decisiva y definitiva contra un sistema de justicia que facilita la impunidad; contra una cultura política que premia la simulación, y una cultura ciudadana gandalla y cómplice. Se puede seguir combatiendo y persiguiendo narcos todos los días, metiendo al bote a grandes capos, narquitos y burritos, y no vamos a solucionar nada. Si no encontramos nuevas formas de nombrar el problema y le cambiamos el rostro, seguiremos caminando en una banda sin fin.

El enemigo es la impunidad. Detrás de los 40 mil muertos hay, atendiendo a las cifras oficiales de los que han caído en enfrentamientos con las fuerzas armadas, al menos 30 mil homicidios que investigar. ¿Cuántos de esos asesinatos se han aclarado; cuántos han llegado a juicio y quiénes han sido procesados por matar a otros narcos, a los miembros de otras bandas, a inocentes desconocidos? Mientras las autoridades consideren que las bandas se maten entre ellas, es inevitable lo vea como un fenómeno natural, y que piensen que el Estado no tiene vela en ese entierro (por macabra que suene la metáfora) no vamos a avanzar.

En un país donde vivir es muy costoso y matar es muy barato, algo está mal de raíz. Para un gran número de jóvenes mexicanos la vida es una tragedia permanente, y la muerte un azar tan presente como ausente es el Estado. Combatir la impunidad no significa abarrotar las cárceles. La guerra contra la impunidad es una guerra contra la ineficiencia de las instituciones que persiguen los delitos selectivamente; es una guerra contra la burocracia inútil, incapaz de interesarse en el problema del otro; es una guerra contra el mal uso de los recursos púbicos, pero sobre todo, es una guerra contra la justicia selectiva, contra ese sistema que permite que haya miles de jóvenes esperando un juicio que nunca llegará y centenares de víctimas esperando una justicia que no verán.

El enemigo es la cultura del arreglo. No son pocos los que piensan que el narco se puede administrar; no es un asunto de partidos, así lo vio el PRI y así lo vio Fox. En los países que visitaron el infierno antes que nosotros, Colombia por ejemplo, más allá de diferencias ideológicas, hay algo que tienen claro: lo que no se puede tolerar del narco es la ruptura del Estado de derecho, porque eso significa la claudicación del Estado.

La verdadera batalla, contra la impunidad, es la guerra que no fue.

Diego Petersen Farah. Periodista y analista político, columnista del periódico El Informador de Guadalajara.