La millonaria licitación para controlar el Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) acumula irregularidades. Pese a que el proceso contó con seis empresas interesadas, la secretaría de Transporte no eligió la oferta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una propuesta $10 millones más barata, pero el Estado eligió a otro consorcio.

LA NACION reconstruyó el último tramo del concurso, momento en que fue determinante la actuación de los funcionarios. Las dos ofertas más competitivas fueron calificadas con un "muy bueno", pero se decidió pagar un 25% más por el mismo trabajo. Los millonarios sueldos de los ejecutivos fue la diferencia más importante entre ambas propuestas.

La auditoría del SUBE, clave para controlar a los funcionarios a cargo del boleto electrónico, se gestó entre irregularidades. Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, la secretaría de Transporte no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos.

El consorcio compuesto por Global Infraestructure SA (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA) se quedó con la licitación. Su oferta fue de $47,9 millones (sin impuestos). Su máxima competidora, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por PWC SA y Barimont SA ofreció $ 38,1 (sin impuestos). Un diferencia del 25% por el mismo trabajo.