Luego de admitir su preocupación por la supervisión de la tarjeta SUBE , el Banco Mundial (BM) inició una investigación interna para analizar la contratación, que fue financiada con fondos del organismo.

La oficina Integrity Vice Presidency, con sede en Washington, ya analiza los procedimientos internos que autorizaron con la firma del contrato de 65 millones de pesos. El BM intentará establecer si el proceso, a cargo de la Secretaría de Transporte, se desarrolló en cumplimiento de las normas de selección de consultores de la entidad. También determinará la responsabilidad de sus funcionarios, encargados de auditar el concurso que comenzó en 2009 y terminó en 2011.

Andrés Pizarro, ex gerente de la entidad, fue el encargado de avalar cada paso de la licitación mediante la emisión de documentos de "no objeción". Con su firma, Pizarro permitió que Transporte contratara al consorcio integrado por Global Infrastructure, IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados, pese a contar con una oferta 10 millones de pesos más económica.

Según reveló este medio, el entonces gerente de proyecto -que renunció a su cargo luego de aprobar el concurso- mantiene una estrecha relación con los funcionarios de Transporte a los que debía controlar y con los empresarios que ganaron la licitación. Esos contactos son incompatibles con las normas que la entidad exige a su staff.

En Washington, la sede central del BM también avaló en reiteradas oportunidades el procedimiento. El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi dijo que el concurso había pasado "14 veces por el directorio del Banco Mundial".

Consultados por este medio, desde el organismo internacional evitaron opinar sobre las declaraciones del ex funcionario. El Banco Mundial mantiene hermetismo desde que comenzaron a revelarse distintas irregularidades en la asignación del contrato. Pese a que Pizarro fue cuestionado en diversas oportunidades, la entidad no le permitió hablar al ex gerente.

Según pudo saber La Nación, luego de que las sospechas sobre irregularidades en la supervisión de la SUBE se hicieran públicas, desde el BM enviaron una nota a las unidades ejecutoras de los distintos proyectos financiados por la entidad (más de 30 dependencias) para que tomen recaudos ante situaciones similares.

En estricto off the record distintas fuentes del organismo coincidieron en que le "encontraron la vuelta" a las normas de contratación del BM. En las licitaciones por precio y calidad, el banco privilegia este último aspecto con un 80% de importancia. Esa evaluación de calidad la realiza un comité compuesto por funcionarios de las dependencias -la Secretaría de Transporte en el caso SUBE-.

"Ya saben que si le otorgan cierto puntaje a una de las propuestas, después es imposible que pueda revertirse con la ofertas", dijo una fuente del banco, especialista en este tipo de concursos.

En la supervisión de la SUBE, el consorcio integrado por PWC-Barimont realizó una propuesta 10 millones de pesos más económica por el trabajo, pero la evaluación de calidad realizada por los funcionarios de Transporte fue determinante.

La revisión lanzada por el banco habría comenzado luego de que La Nación revelara la existencia de dos empleados fantasmas: Marcela Ashley y Steve Beer, cuyos sueldos suman 650.000 dólares. Esa noticia también fue determinante para que el Gobierno decidiera suspender el contrato.

Los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña pidieron ante el organismo la apertura de sus documentos internos, como notas y comunicaciones no formales. La intención de los legisladores es que es información -que no consta en el expediente- pueda ser utilizada por la Justicia en la causa que investiga la asignación del contrato.

La denuncia de Ocaña y Garrido está a cargo del juez federal Sergio Torres. También el magistrado Julián Ercolini investiga las supuestas irregularidades en la licitación.