Contactos políticos, antecedentes laborales en común y relaciones personales. Esos son algunos de los vínculos entre los empresarios que se quedaron con el millonario contrato para supervisar el Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) y los funcionarios de la Secretaría de Transporte. El control del SUBE quedó en manos de viejos conocidos.

La supervisión del servicio le cuesta al Estado casi $10 millones más como consecuencia de un sospechoso proceso de licitación ganado por un consorcio compuesto por ex funcionarios y ex asesores de la Secretaría de Transporte. Ellos son los encargados de controlar la gestión del SUBE (a cargo de Nación Servicios SA).

La auditoría se gestó con un proceso irregular. En la licitación, la Secretaría de Transporte no eligió la oferta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una propuesta un 25% más barata por el trabajo. Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, el Estado no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos.

El concurso fue ganado por el consorcio compuesto por Global Infrastructure SA (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados (GFA). Aunque realizó una oferta más alta que su competencia, se quedó con la licitación por recomendación del comité de evaluación. Nora Turco directora nacional de Coordinación y Planificación del Transporte fue una de las funcionarias que integró este tribunal que tuvo la última palabra.

"Era la persona que llevaba día a día el proceso. Manejaba todos los detalles", dijo a LA NACION, en estricta reserva, un hombre que firmó los documentos más importantes de la licitación para auditar el SUBE.

IRV SA, una de las firmas ganadoras, mantiene estrechos vínculos con los funcionarios. Horacio Blot, director de la empresa, es el marido de María Cristina Irusta, secretaria de Turco. Cinco fuentes consultadas por este medio aseguraron que Irusta es, desde hace años, la mano derecha de la funcionaria.

Durante el concurso para supervisar el SUBE, Blot fue el representante legal del consorcio que se quedó con el contrato de más de $65 millones. Su firma puede observarse en decenas de documentos dentro del expediente. Blot, ex subsecretario de Tránsito porteño entre 2000 y 2004, integra la plantilla de empleados que audita la gestión del SUBE como "especialista en transporte".

Este consultor ya conocía los pasillos de la dependencia estatal: como "profesional independiente" trabajó en 2006 en Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (Ptuba), según consta en su CV. Su trabajo consistió en realizar "tareas pendientes a crear el Ptuma", préstamo del Banco Mundial con el que se financió la auditoría del SUBE. Cuatro años después ese contrato lo ejecuta IRV SA, su firma.

Guillermo Yampolsky, presidente de IRV SA, también es un hombre conocido dentro de Transporte: entre 1997 y 2006 fue asesor. Entre 2006 y 2007, Yampolsky tuvo actividades simultáneas: también se desempeñó como gerente de ingeniería de Tránsito en su empresa IRV SA y fue director de Tránsito porteño durante la gestión de Jorge Telerman. El entonces jefe de gobierno porteño fue quien volvió a instalar a Juan Pablo Schiavi en la escena peronista luego de su paso por el macrismo. En 2009, "Juampi" asumió como secretario de Transporte y estuvo a cargo de la cartera durante toda la licitación de la supervisión del SUBE.

En sus últimos tres años dentro de Transporte, Yampolsky trabajó en Ptuba como "consultor especialista en Tránsito", según consta en su CV. Cuatro años después, esa dependencia tuvo a cargo la licitación para auditar el SUBE, contrato que firmó IRV SA.