La detención de tres generales por supuestos vínculos con el narcotráfico abre una brecha entre el poder civil y militar.Detenido un cuarto jefe militar mexicano.
La
detención de tres generales, esta semana, por presuntos vínculos con el
narcotráfico, sin precedentes en la historia moderna de México, abrirá sin duda
una nueva etapa en las relaciones entre el poder civil y los militares en este
país. El estallido del caso, en el ecuador de la campaña electoral, ha desatado
las especulaciones sobre la extensión de la corrupción en las filas del Ejército
—implicado por el presidente Felipe Calderón en la guerra lanzada a
principios de su mandato, en 2007, contra el crimen organizado— y también sobre
la posible intencionalidad política de estos arrestos en vísperas de un cambio
de Administración tras las elecciones del próximo 1 de julio.
El
general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, un militar de gran
prestigio y ex número dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el general
brigadier Roberto Dawe González, fueron detenidos el martespor su supuesta
relación con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, muy mermado en la
actualidad, al que habrían brindado protección en años pasados. Ahora se ha
sabido que el general Ángeles estaba siendo investigado desde tiempo atrás por
laagencia antidrogas de Estados Unidos (DEA). El general Dawe dirigió una
división del Ejército en el Estado de Colima, en el Pacífico, una ruta clave en
el tráfico de drogas al norte, y fue representante de la Procuraduría General
de la República (PGR) en el violento Estado de Chihuahua, fronterizo con EE UU.
El
tercer militar arrestado, en la noche del jueves y al parecer en Veracruz, el
general de división también retirado Ricardo Escorcia Vargas, había desempeñado
a principios del sexenio de Calderón el cargo de subjefe Administrativo y
Logístico del Estado Mayor, uno de los 12 puestos más importantes en el
organigrama de la Defensa Nacional. Escorcia Vargas se vio envuelto en un
turbio asunto a finales de 2007, cuando comandaba la 24 Zona Militar. En aquel
entonces militares y agentes de la Policía Federal Preventiva permitieron el
aterrizaje de un avión cargado de cocaína procedente de Suramérica en el
aeropuerto de Mariano-Matamoros, en el Estado de Morelos (centro del país),
donde tanto los tripulantes como la droga desaparecieron. El avión estaba
siendo monitorizado por la DEA. El general fue separado y degradado, pero
finalmente salió limpio y fue enviado al Estado de Sinaloa (oeste) como jefe de
la Tercera Región Militar, cargo en el que apenas duró dios meses, pues en 2008
solicitó un año sabático.
Funcionarios
de la PGR a cargo de la investigación, dan por seguro que serán detenidos más
militares en las próximas horas y niegan que éstas tengan relación con la
política. “Las detenciones carecen de connotación o relación alguna con las
campañas en curso o los candidatos en contienda”, ha declarado la PGR en un
comunicado.
Las
investigaciones contra los tres generales surgen a partir de las declaraciones
de diversos testigos protegidos, identificados con los nombres de Jennifer,
Mateo e Iván, hombres al servicio del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, que
ya han realizado imputaciones en otros casos en el pasado que luego no fueron
sustentadas.
La
detención del general Ángeles, un militar de trayectoria intachable hasta su
retiro en 2008, ha sido acogida con gran sorpresa entre académicos expertos en
el mundo castrense, como Sergio Aguayo y Raúl Benítez Manaut. Este último
subraya que el jefe militar era un hombre de despacho, al que le gustaba la
compañía de intelectuales, y que “los narcos, a quienes habitualmente
corrompen, es a los jefes con mando de tropas que actúan sobre el terreno”.
Otros
comentaristas apuntaban ayer en la prensa mexicana a la posibilidad de enconos
personales dentro de las Fuerzas Armadas, la existencia de un grupo de
generales disconformes con la estrategia de guerra contra el narco ordenada por
el presidente Calderón, e incluso una suerte de “asesinato de la reputación”,
es decir, una operación política para desacreditarle y apartarle de la élite
militar que acompañará al próximo presidente de México.
El
general Ángeles participó el pasado 9 de mayo en un foro de seguridad
organizado por la Fundación Colosio en San Luis Potosí a la que asistió el
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña
Nieto, en el marco de su campaña electoral. En aquel foro, el general criticó
públicamente la falta de objetivos definidos en la lucha contra el crimen organizado.
“Me atrevo a decir que no tenemos estrategia de seguridad nacional”, afirmó.
Invitó a desarrollar un plan coherente en ese combate “y no estar dando
brochazos por diferentes circunstancias a través de líneas de acción que nos
conducen a veces a la nada”. También defendió la creación de una nueva policía
o guardia nacional. Peña Nieto no ha perdido un segundo en desligarse del
general tras su detención.
Los
generales Ángeles y Dawe se encuentran actualmente bajo arraigo durante 40
días, una figura jurídica muy discutida en México, pues permite la extensión de
la detención durante todos esos días sin presentación de cargos mientras
continúan las investigaciones. Los militares podrían ser procesados penalmente
por la justicia civil por los delitos de delincuencia organizada y contra la
salud. Los arrestos se producen también en medio de un recrudecimiento de la
violencia de los carteles de la droga con centenares de muertos en lo que va de
mes.
Detenido
un cuarto jefe militar
El
teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto ha sido el
cuarto jefe militar en caer en este golpe histórico a los supuestos
vínculos entre narco y Ejército. Antes de Hernández Soto, que actualmente era
subsecretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz., fueron detenidos,
en un intervalo de una semana, los generales Ricardo Escorcia Vargas (la noche
del jueves) y Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, el martes.
Silvio
Isidro de Jesús Hernández Soto, de 53 años y que formó parte del cuerpo de
Caballería, ocupó entre otros puestos el de subjefe de escoltas de la
residencia presidencial de Los Pinos. Tras conseguir el retiro voluntario el 30
de noviembre de 2002, se reconvirtió en asesor de seguridad de varias empresas
y, después, trabajó como inspector general en la Policía federal. En el Estado
de Sinaloa, cuna del narcotráfico, fue nombrado director de la Policía
Ministerial de 2008 a 2011. A continuación pasó a dirigir la Agencia
Veracruzana de Investigaciones.
La
Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) no ha precisado las causas de esta
detención, ordenada el pasado 7 de mayo pero ha asegurado que "con esta
última diligencia se cumplen las cuatro presentaciones de personal requeridas
por la Procuraduría General de la República [la Fiscalía]".