El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el lunes una nueva estrategia de seguridad que rompe con el discurso de su antecesor, Felipe Calderón, incorpora a los gobernadores de los Estados a la lucha contra la violencia y tiene por objetivo la reducción del número de asesinatos, secuestros y extorsiones, los tres delitos que más han castigado a los mexicanos en los últimos años. Con un tono solemne y firme, el mandatario advirtió que “no habrá improvisación” en la política de seguridad, cuyas principales novedades son: división del territorio nacional en cinco regiones operativas; creación de una Gendarmería Nacional —sobre el modelo de la Guardia Civil española—; establecimiento de un mando único policial en los Estados y modernización de la Procuraduría General de la República (fiscalía), que haga de la “investigación científico-criminal la piedra angular de la justicia”.

Tras presidir su primer Consejo de Seguridad, Peña Nieto enunció seis ejes de actuación. El primero, pretende “asignar responsabilidades y fechas precisas de cumplimiento” para todas las instituciones de gobierno de la República, y evitar una política de seguridad meramente “reactiva”; el segundo, contempla un plan de prevención del delito que contará con más de 115.000 millones de pesos (unos 6.800 millones de euros) en 2013; el tercero dará impulso a la legislación en defensa de las víctimas y de los desaparecidos y depurará el Instituto Nacional de Migración, una dependencia acusada frecuentemente de corrupción y negligencia.

El cuarto eje exige la coordinación de Estados y municipios en el esfuerzo por reducir la violencia —“los Gobiernos deben cumplir, no competir”, insistió el presidente— con la división del territorio en cinco regiones; el quinto prevé crear la Gendarmería Nacional, que será “responsable de fortalecer el control territorial así como de instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras” y que contará inicialmente con 10.000 agentes; la constitución de un mando único policial en los Estados y la reorganización de la Policía federal con la creación de “15 unidades enfocadas en combatir el secuestro y la extorsión”. También la revisión de la “figura del arraigo” —una polémica fórmula legal que permite la detención de un sospechoso sin que se le presenten cargos durante 40 días renovables— y la recuperación del control de las cárceles. El sexto y último impone la evaluación de la actuación de las autoridades porque, en frase favorita de Peña Nieto, “lo importante es dar resultados”.

Poco antes que el presidente, intervino el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien trazó un desolador panorama de la situación del país tras el sexenio de Calderón con una catarata de datos estremecedora: “Entre 2006 y 2011 se cometieron 10,6 millones de delitos. Ocho de cada 100 son denunciados y de esos solo el 15% son resueltos. Solo uno de cada 100 se castiga. El secuestro se incrementó un 83%, el robo con violencia, el 65%; la extorsión, el 40% (...) los homicidios son la segunda causa de defunción en México, el 6!% de los policías ganan menos de 4.000 (unos 240 euros) mensuales (…) la capacidad de los 419 centros penitenciarios está superada en 49.399 internos (… ) el Centro Nacional de Derechos Humanos registra 8.900 quejas por torturas y malos tratos entre 2005 y 2011…”

En su intervención, Osorio Chong se saltó este párrafo incluido en el discurso entregado a la prensa: “En los últimos años, producto de la violencia relacionada al crimen organizado, han muerto alrededor de 70.000 personas y hay 9.000 cuerpos sin identificar”. Las cifras oficiales de los muertos asociados a la guerra contra el narcotráfico lanzada por Calderón son sensiblemente más bajas —poco más de 50.000— si bien algunas ONG las elevan al doble.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) vino ayer a completar el cuadro de los efectos de la violencia. Según sus datos, la inseguridad costó al sector empresarial en 2011 115.200 millones de pesos, equivalente al 0,75% del PIB.

La estrategia de seguridad anunciada por Peña Nieto obtuvo el respaldo de los gobernadores de los Estados por boca de su representante en esta ocasión, César Duarte, gobernador de Chihuahua, quien prometió cerrar filas con el presidente, no sin antes dejar en el aire esta inquietante línea: “Hay que salir de la agenda mediática de la violencia, que no es la de los mexicanos”.

El nuevo Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está decidido a desnarcotizar la imagen exterior de México en los últimos años. El analista de seguridad, Alejandro Hope, destaca este aspecto —“un manejo de la comunicación más eficaz que en tiempos de Calderón”— por encima de las novedades que realmente contiene la estrategia presentada ayer. “Tengo mis reservas”, afirma, “mucho de lo anunciado, como los programas de prevención del delito, la regionalización de la seguridad, el mando único policial…ya se intentó en el pasado y se fracasó”.

Hope enumera cuatro ausencias en la nueva política de seguridad: “No se mencionó la delincuencia organizada ni el lavado de dinero, Tampoco hubo referencias al sistema de inteligencia o a la cooperación internacional”. En su opinión, su talón de Aquiles es la “coordinación” entre las diferentes instancias de Gobierno —federal, estatal y municipal— lo que puede desembocar en una enorme Secretaría de Gobernación “muy difícil de manejar”, y el peligro de que, al crearse cinco nuevas regiones de seguridad, “se rompa la línea de mando del Ejército y la Marina”. Ni que decir tiene que hasta que no se consolide todo lo anunciado ayer las Fuerzas Armadas seguirán velando por la seguridad en numerosas ciudades de México.