“Derrotar la impunidad es el gran test del nuevo Gobierno del PRI”, declaró el jueves a EL PAÍS José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch al término de la presentación en la capital mexicana del informe Los desaparecidos en México- El persistente costo de una crisis ignorada, elaborado por esta ONG. Vivanco instó al presidente Enrique Peña Nieto a “hacer justicia” y a “combatir la impunidad” para evitar que la tragedia continúe. El informe documenta 249 desapariciones forzadas cometidas en este país desde 2006, de las cuales en 149 casos “han estado implicados miembros de las fuerzas de seguridad” - Ejército, Marina, policía federal, estatal y municipal- comprometidas por la anterior Administración del expresidente Felipe Calderón en la llamada guerra contra el narcotráfico.

Vivanco condenó en los términos más enérgicos la inacción del Gobierno de Calderón en esta materia: “La investigación de los derechos humanos no fue una prioridad en el anterior sexenio. Hubo una negación absoluta de esa realidad. Durante años se negaron sistemáticamente esas violaciones, culpando de ellas únicamente a los carteles o a las propias víctimas de estar vinculadas con el crimen organizado”.

El director para las Américas de HRW, que se entrevistó la víspera con responsables de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), dijo haber encontrado en la actitud del nuevo Gobierno señales “estimulantes”, pero exigió que se lleven a cabo de verdad las investigaciones pertinentes y se haga justicia sentenciado a quienes hayan cometido estas atrocidades. “Esto no puede quedar simplemente en estadísticas, en informes o en conceptos genéricos abstractos. Este es el resultado de una guerra sin controles”, subrayó.

Insistió en que Peña Nieto “tiene la obligación y la responsabilidad de abordar este problema y de corregir los abusos y afrontarlos”. Hacer justicia, añadió, es que haya “identificación, castigo y procesamiento ejemplar de soldados y oficiales, tanto del Ejército como de la Marina, con total transparencia de cara al país”. Y puso un ejemplo: “Por el fuero militar existen más de 5.000 causas abiertas por violación de derechos humanos y solo hay 38 condenas. La transparencia no es lo que caracteriza a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Marina”.

El nuevo Gobierno del PRI ha reconocido la existencia de miles de desaparecidos durante la Administración anterior y se ha comprometido a buscarlos a todos. La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Sedena , Lía Limón, declaró el miércoles la existencia de una base de datos con los nombres de 27.523 casos de personas no localizadas entre 2006 y 2012.

El secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, firmó el jueves un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para establecer protocolos para la búsqueda de personas. “El Gobierno federal tiene que partir de un hecho fundamental: pocos datos, pocas pruebas, no hay protocolos al respecto. Por eso es que vamos a trabajar hacia el pasado en la búsqueda de personas, pero vamos a trabajar mucho hacia el futuro para que esto no vuelva a suceder y para que si sucede, exista lo mínimo que debe otorgar el Estado mexicano para encontrar a las personas desaparecidas”, aseguró.

Vivanco considera urgente que esta tragedia pase efectivamente “a tener prioridad en la agenda” del nuevo Gobierno, pero descartó la necesidad de la constitución de una Comisión de la Verdad. “Esa es a veces una salida fácil. No estamos en contra, pero no queremos una comisión que haga borrón y cuenta nueva. Eso no es lo que conviene a México. Aquí hay una responsabilidad mayúscula de justicia para resolver la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas en América latina en las últimas décadas”, afirmó.