Después de 12 años de travesía del desierto, el nuevo Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega, un tanto contra pronóstico, en medio de una gran expectativa de que esta vez sí, México aproveche la oportunidad para dar el salto adelante en crecimiento económico y modernización social tantas veces frustrado. Empezando por el alivio de millones de mexicanos al pasar la página del sexenio de Felipe Calderón —cuya presidencia, pese a sus aciertos, siempre quedará marcada por los miles de muertos de la guerra contra el narcotráfico— y terminando por las predicciones de varios institutos económicos internacionales que auguran una escalada del país en el ranking mundial de naciones. Enrique Peña Nieto ha repetido hasta la saciedad que es un pragmático al que solo le interesa la eficacia y los resultados, y se ha comprometido en lograr una tasa de crecimiento del 6% frente al casi 4% actual sacando adelante unas reformas sobre las que existe el consenso de que ya no pueden esperar más: la fiscal, la energética, la laboral y la educativa. No será un camino de rosas: las mayores resistencias al cambio procederán de los sectores más retrógrados de la sociedad mexicana que son a su vez viejos aliados del antiguo partido hegemónico.

La aprobación de las reformas fiscal y energética serán cruciales para medir el éxito o el fracaso del sexenio de Peña Nieto y para que éste pueda realizar uno de sus sueños políticos: una seguridad social universal digna de tal nombre. México es el país con menor presión fiscal de la OCDE, inferior al 15%, por debajo de Turquía, y la necesidad de dotar al Estado de mayores recursos —se da por hecho una subida del IVA— es clave para poder liberar al monopolio de petróleo, Pemex, de la onerosa factura que paga ahora.

El nuevo PRI tiene claro que su modelo es Petrobras y no la venezolana PDVSA, pero tendrá que invertir mucho capital político para sanear una empresa pública privatizada en los hechos por los sindicatos y los intereses creados de un grupo de contratistas.

Otro tanto ocurre en el terreno de la educación, donde cualquier reforma implicará una ardua negociación con Elba Esther Gordillo, la Maestra, jefa del sindicato nacional de enseñantes, y un auténtico poder fáctico en el sector desde hace tres décadas. Ante el desafío de la violencia generada por el narcotráfico, el PRI está decidido a desactivar la narrativa de Calderón —como dijo a EL PAÍS el general colombiano Óscar Naranjo, asesor de Peña Nieto en la materia, “llamar guerra a la estrategia de seguridad es un error garrafal”— y reducir el número de víctimas. También aquí el nuevo Gobierno deberá llamar al orden a alguno de los gobernadores de su propio partido salpicados por el crimen organizado. En este sentido, los hombres de Peña Nieto hablan de una “presidencia integral”, que ponga coto al despilfarro y la corrupción en algunos Estados.

En política exterior, el nuevo Gobierno buscará mayor complicidad con Washington, basando la relación más en los intereses económicos que en la seguridad, pero sin que ésta monopolice toda su acción internacional. El México de Peña Nieto quiere volver a ser un país central en América Latina, no en vano está ante una nueva oportunidad