El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Eduardo Brenta, comentó los resultados del informe del Instituto Cuesta Duarte, publicado este miércoles en El Observador, según el cual cuatro de cada 10 uruguayos ganan menos de $10.000 al mes.

“Es un resultado espectacular el haber hecho caer a la mitad la cantidad de trabajadores que recibían menos de 10 mil pesos. Pero hay que continuar con la política de incremento de los salarios sumergidos, siendo conscientes de que la mejora de fondo deviene de los acuerdos de mejora de salarios y de mejorar los procesos de formación y capacitación de personal”, afirmó el secretario de Estado a El Observador.

Para Brenta, los datos analizados de la Encuesta Continua de Hogares comparados con los datos actuales de que dispone el MTSS actualizados a 2012 son consistentes con los del informe del Instituto –que son del 2011- y muestran que la cantidad de trabajadores que perciben menos de $10 mil mensuales se redujo 50%.

“Esta reducción de 400 mil personas que superaron la barrera de 10 mil pesos sigue siendo insuficiente, pero muestra que la política que el Ministerio definió en materia de impulsar los salarios más sumergidos, que crecieron algo menos del 40%, demuestra que efectivamente tuvo un impacto fuerte sobre la caída de la pobreza que se constató en el último año y constituye el elemento más importante para explicar la desigualdad al interior de la sociedad uruguaya”.

El ministro explicó que en la reducción de la cifra de quienes perciben salarios magros también influye el aumento del 20% del salario mínimo nacional que se registró en enero. El salario se encuentra hoy en $7.200.

“En esta ronda que está comenzando de consejo de salarios, además de los planteos que está haciendo el (Poder) Ejecutivo en cuanto al uso de distintos parámetros para establecer aumentos de salarios -esto es consistente con mantener la política de crecimiento de los salarios sumergidos-, nuestra aspiración es seguir acortando los tiempos de crecimiento del salario mínimo”.

Brenta explicó que su cartera pretende combinar el incremento del salario mínimo con más políticas específicas dirigidas a los sectores sumergidos.

En este sentido, el jerarca de gobierno ejemplificó dos elementos clave. Uno de ellos son las acciones coordinadas entre los organismos que integran el ámbito de formalización del empleo, como la DGI, el BPS, el Mides, el Ministerio de Industria, entre otros, en la batalla contra la informalidad “porque la relación entre los salarios sumergidos y la informalidad es de causalidad directa”, afirmó Brenta”.

El otro elemento es el rediseño de políticas del Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop) que, según explicó el ministro, incluye algunas decisiones que se darán a conocer en los próximos días vinculado a dos aspectos: la formación de negociadores, para lo cual se autorizará por vía de rendición de cuentas que empresarios y trabajadores tengan recursos para formar negociadores de ambas partes y así mejorar la calidad de la negociación colectiva; y el rediseño de los programas del Inefop, tratando de atender uno de los problemas principales que tiene que es la ausencia de oferta educativa.

El informe del Instituto Cuesta Duarte indica que los salarios más sumergidos corresponden a aquellos trabajadores que tienen una escasa formación.

“La idea es lanzar a la brevedad un programa dirigido a jóvenes y mujeres como el del año pasado y ampliar la oferta educativa”, adelantó Brenta. En este sentido precisó que en el interior del país muchas veces se demandan cursos pero no existe quién los dé.

Por eso se piensa en realizar convenios con organismos internacionales para traer a Uruguay “formadores de formadores”. De hecho, Brenta adelantó que en la próxima reunión de la Cumbre iberoamericana de Ministros de Trabajo de Iberoamérica en España se procurará un intercambio con el Instituto de Formación Español para evaluar la posibilidad de un acuerdo. “Dado lo que vive España, traer personas que puedan formar formadores y así expandir la oferta educativa”, señaló el secretario de Estado.

Lo mismo se intentará hacer con el Cenei, el instituto privado de formación profesional más importante de Brasil. “Hemos resuelto proponer al Inefop concretar un acuerdo para poder diseñar una política que incluye la instalación de aulas móviles en el interior del país”, explicó Brenta.

Al cierre del año pasado, 14.000 personas, tanto en actividad (por convenios del sector, como en el caso de la construcción y el sector metalúrgico) como en seguro de desempleo, participaron de cursos de formación del Inefop.

Por último, Brenta se refirió al caso de los trabajadores del sector primario –agricultura, ganadería y pesca-, que es aquel donde los salarios son más bajos. “Es muy amplio el sector, está quien trabaja en el área forestal y gana bien y quien trabaja como peón de campo arando y gana poco. En el último consejo de salario el incremento más importante fue para las domésticas y los trabajadores rurales”, recordó el ministro.

Sin embargo, dijo que desde el próximo lunes una comisión estudiará modificaciones legales al régimen de trabajo del trabajador rural –el estatuto del trabajador rural ya fue modificado por un decreto del Poder Ejecutivo-, con el fin de diseñar una serie de políticas que apunten a la mejora de la calificación de la negociación colectiva de los trabajadores rurales. En esa comisión trabajará el ingeniero agrónomo Martín Buxedas, quien fue asesor del Ministerio de Ganadería en el período anterior.

Brenta recordó que en la ronda salarial anterior el salario mínimo del trabajador rural era de $3.700 y más $ 1400 de partida de alimentación y luego pasó a $7.200 más la partida de alimentación.