La situación de violencia e impunidad que sufre Venezuela se está deteriorando y Amnistía Internacional ha alzado la voz, apoyada en los testimonios de las víctimas, para detener la deriva del país en lo que a Derechos Humanos se refiere.

Venezuela no ha llevado ante la Justicia a los responsables de las 43 muertes ni a las cientos de víctimas que se registraron durante las protestas que sacudieron el país entre febrero y julio del año pasado. Esta es la conclusión del informe de Amnistía Internacional (AI), 'Venezuela: los rostros de la impunidad', que la alerta sobre un contexto de violencia que abre la "puerta abierta" a nuevos casos de abusos.

Durante un año, la ONG ha investigado y documentado en seis estados del país las trágicas historias de ciudadanos que han sufrido torturas, abusos sexuales, corrientes eléctricas, asfixias y amenazas ante la pasividad del Gobierno de Nicolás Maduro.

"El Gobierno venezolano no ha transmitido un mensaje inequívoco de condena a la violencia ni ha mostrado muchos interés en investigar ni en resarcir a las víctimas de abusos de los derechos humanos", ha denunciado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Según AI, miembros de la policía permitieron a grupos armados progubernamentales que cometieran abusos contra manifestantes e incluso que entraran en sus viviendas con armas de fuego.

Además, Beltrán ha alertado sobre los planes de Maduro de desplegar a las Fuerzas Armadas para labores de control del orden público para las que no está entrenadas y ha pedido que dé marcha atrás en este empeño.

Amnistía denuncia también la detención arbitraria de manifestantes y opositores al régimen chavista. Durante las protestas, la policía venezolana detuvo a 3.351 personas y presentó cargos contra 1.404. De las 25 personas que según en Ministerio Público siguen privadas de libertad a las espera de juicio, AI ha tenido acceso a los expedientes del opositor Leopoldo López, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos y la activista de LGBTI, Rosmit Mantilla y ha concluido que "fueron detenidas arbitrariamente".

"La Fiscalía no ha presentado evidencias sólidas, fehacientes y admisibles, se trata de detenciones arbitrarias y por esta razón pedimos su liberación", ha asegurado Nuria García, investigadora de AI sobre Venezuela, durante la presentación del informe.