La Comisión de Seguridad y Narcotráfico tramita una reforma a la Ley de Armas y Explosivos que calza con este patrón. Lamentablemente, el plan fue endosado hace poco por un editorial de La Nación con argumentos que son fácilmente refutables.

Los defensores del proyecto rápidamente hacen a un lado toda pretensión de que se trata de una herramienta contra el narco, y dejan en evidencia que su verdadero objetivo es limitar al máximo la tenencia legal de armas por parte de particulares. Los mueve un prejuicio explícitamente enunciado en el editorial: las armas transforman a los ciudadanos decentes en criminales por su sola presencia y disponibilidad.

Uno esperaría que una afirmación tan contundente viniera acompañada de datos fehacientes que la comprueben, pero nunca es el caso. No obstante, esto no detiene a los prohibicionistas, al punto que en el gobierno pasado el entonces viceministro de Paz manipuló estadísticas para hacer creer que la mayor parte del crimen era cometido con armas debidamente registradas.

El editorial apela a un solo dato para sostener su tesis: “En la mayor parte de los homicidios, la víctima y el victimario se conocían”. Además, agrega que el porcentaje de muertes relacionadas con la delincuencia común “es siempre mucho menor” si se excluyen los asesinatos entre narcos.

La primera parte del enunciado es cierta, siempre y cuando se cuente como “conocidos” a compañeros de crimen. Según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (2010-2014), en promedio, un 18,1% de las víctimas de homicidios con armas de fuego conocían a su asesino a través de una asociación ilícita. Esta proporción se más que duplicó del 2010 (13,5%) al año pasado (29,8%), coincidiendo con la ola de narcoviolencia que nos azota.

Si eliminamos a los compañeros de crimen de la muestra, el promedio de asesinatos con armas de fuego cometidos por desconocidos (posiblemente en actos de delincuencia común) es mayor (52,4%) al perpetrado por conocidos (47,6%). Esto desmiente el segundo punto del editorial.

Es oportuno tener un debate sobre cómo controlar la tenencia de armas, pero este debe respaldarse en información veraz y no en simples conjeturas.