En México, debido a los altos niveles de centralización y la mayor importancia del gobierno en la economía, la corrupción tendía a ser más centralizada y más sistémica. Esto era especialmente cierto en el viejo régimen de gobiernos del PRI. Pero la corrupción es dinámica y vale la pena mencionar los cambios recientes en ambos países.

En el caso de Estados Unidos, los problemas de corrupción rutinaria en los niveles estatal y local no se han reducido. Al mismo tiempo, tres hechos al parecer han empeorado la corrupción a nivel nacional. Primero, un partido -en este caso el Republicano- controla ambas cámaras del Congreso y la presidencia. Los límites y contrapesos no están funcionando tan bien como podrían hacerlo. Segundo, el gasto federal se ha incrementado drásticamente desde 2001 con el inicio de la guerra contra el terrorismo.

Tercero, miembros del Congreso utilizan cada vez más las denominadas "marcas" (earmarks) o proyectos especiales que se anexan a legislaciones prioritarias. Por ejemplo, congresistas pueden anexar financiamiento para una carretera o un hospital en su distrito a un presupuesto de defensa considerado urgente. El número de marcas se elevó de 958 en 1996 a más de 15 mil en 2005, o alrededor de 47 mil 400 millones de dólares del presupuesto de ese año, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso.

Como podría esperarse, una de las industrias de mayor crecimiento en Washington es el cabildeo. The Washington Post del 25 de junio de 2005 informó que "el número de cabilderos que se han registrado en Washington, ha crecido más del doble desde 2000 a unos 34 mil 750, mientras que el monto que los cabilderos cobran a sus clientes ha aumentado hasta en 100%".

En efecto, personajes con buenos contactos e impecablemente vestidos de K Street (calle en la que se ubican las oficinas de muchos cabilderos) se ganan muy bien la vida relacionando a sus clientes con miembros del Congreso. Los clientes van desde grandes empresas hasta universidades, y sus peticiones son, por lo general, bastante legítimas. A los miembros del Congreso les interesa generar beneficios en sus distritos, lo cual también es legítimo. Nada de esto es ilegal.

No obstante, el componente de corrupción "gris" o "suave" en este proceso es el hecho de que las "marcas" quedan escondidas en proyectos de ley largos y complejos, y no son, por lo tanto, revisadas y debatidas en forma transparente. Los que están bien relacionados salen ganando; los ciudadanos promedio salen perdiendo.

Aunque algunos problemas son nuevos, otros son conocidos. Los miembros del Congreso necesitan mucho dinero para financiar sus campañas electorales. Parte del dinero procede de donantes individuales que respaldan a un miembro en particular, pero una gran parte procede de grupos con algún interés en los proyectos de ley presentados al Congreso. Es de esperarse que aquellos que hacen contribuciones significativas obtendrán acceso preferencial a sus miembros.

Y la debilidad humana es eterna. Un legislador republicano de California fue enviado a prisión a principios de año por aceptar sobornos. Un republicano de Ohio se declaró recientemente culpable de aceptar regalos de un cabildero y probablemente pasará un tiempo en prisión. Un demócrata de Louisiana está siendo investigado por aceptar sobornos para promover iniciativas empresariales en África.

Además de los costos evidentes, un peligro potencial de las formas de corrupción nuevas y viejas es que el estadounidense promedio creerá cada vez con más fuerza que el gobierno federal está comprado por intereses especiales. Una erosión de la legitimidad puede tener graves efectos a largo plazo. Aun así, la corrupción no parece ser un asunto prioritario en las elecciones legislativas de este año.

En el caso de México, la corrupción está adquiriendo nuevas formas debido al actual proceso de liberalización del mercado y de transición democrática. Las privatizaciones de los 90 fueron, en muchos casos, tanto enormemente complejas como poco transparentes. Aunque el gobierno adelgaza cada vez más, su papel como regulador aumenta. Por lo tanto, uno debe esperar que los reguladores -por ejemplo las agencias de protección al consumidor, las que vigilan los mercados de valores o las que impiden los monopolios- estarán sujetos a mayores presiones para caer en la corrupción.

La competencia entre partidos se incrementa durante la transición democrática; por lo tanto, las campañas se vuelven más costosas y más vulnerables a contribuciones ilegales. El Congreso está asumiendo una mayor influencia, así que se puede vaticinar que el cabildeo será una industria en crecimiento en la ciudad de México. La repartición del ingreso está aumentando, junto con los poderes de los gobiernos estatales, por lo que puede esperarse una descentralización de la corrupción.

Lo esencial es que la corrupción está cambiando constantemente. Más aún, cobra formas específicas en cada escenario nacional. ¿Cómo podemos entender las complejidades de los más de 190 países del mundo? Transparencia Internacional nos ofrece un índice de corrupción anual, que asigna una calificación a la mayoría de los países. Pero el índice sufre de varios defectos y su principal utilidad es centrar la atención del público en los problemas de corrupción.

Michael Johnston ha escrito un nuevo libro que es un importante avance para entender la corrupción. En Síndromes de corrupción (Cambridge, 2005), Johnston argumenta que necesitamos trascender un enfoque estrecho en relación con los sobornos y examinar las causas sistémicas subyacentes de las múltiples formas de abuso de los cargos públicos para obtener ganancias privadas. Una causa sistémica central son las instituciones débiles. Esto no es simplemente la noción de agencias débiles o burocracias ineficientes. Es, en cambio, un problema surgido de una débil diferenciación entre lo público y lo privado, y una precaria sensación de compromiso con el servicio público.

Otro de los aspectos destacados por Johnston es que las herramientas y remedios contra la corrupción no pueden ser simplemente prescritos por agencias nacionales o internacionales. En las democracias que han logrado cierto grado de control sobre la corrupción, surgieron líderes individuales, grupos y estratos sociales específicos con un interés político firme por reducir la corrupción en coyunturas históricas específicas. Estas fuerzas construyeron luego las agencias e instituciones que vigilan la ética pública.

Asimismo, Johnston propone una tipología de cuatro clases básicas de países corruptos. Estados Unidos, por ejemplo, entra en un tipo que denomina "mercados de influencia". Estas son democracias altamente institucionalizadas en las que intereses privados "rentan" el acceso y la influencia sobre el gobierno, normalmente a través de políticos que actúan como intermediarios. Ubica a México, junto con Rusia y Filipinas, en un tipo que denomina "oligarcas y clanes". La corrupción puede adquirir formas violentas y de alto riesgo en escenarios caracterizados por economías que cambian rápidamente y oportunidades políticas crecientes, en un contexto de instituciones débiles.

De lo anterior deriva que las estrategias contra la corrupción deben ser elaboradas de acuerdo con los contextos nacionales específicos. Además, para ser exitosas, las estrategias deben contar con un apoyo político firme de grupos y capas sociales que consideren que combatir la corrupción beneficia a sus intereses. Por esta razón, me preocupa que la lucha contra la corrupción probablemente no sea un tema importante en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. El Congreso aparentemente se ha anticipado al asunto al adoptar débiles reformas retóricas. Y, considerando la actual crisis por la elección presidencial, también me pregunto si las fuerzas anticorrupción serán lo suficientemente fuertes para generar un cambio significativo en México.

* John Bailey es director del Proyecto México en la Universidad de Georgetown.