El país vive un entorno económico externo extraordinariamente favorable. Lo anterior, más la disciplina fiscal y la prudencia monetaria que nos ha caracterizado durante más de tres décadas nos plantea una nueva realidad. Ilustra lo anterior el hecho histórico de que el Sector Público va a dejar este año de ser deudor. Pero eso no es todo: en los próximos 4 años el Fisco cuenta con mayores ingresos permanentes, producto del mayor precio promedio del cobre y de los intereses ganados por los fondos ahorrados por un monto de aproximadamente de US$ 6.000 millones. Además, esta nueva realidad permite ajustar la regla del balance estructural para mantener en el mediano plazo un superávit nulo que aportaría otros US$ 3.900 millones. Es decir, contamos con una fortaleza macroeconómica extraordinaria.

Desgraciadamente, no todas son buenas noticias. El crecimiento de la economía ha sido menor que lo esperado como lo han reconocido las autoridades. La causa es una sola: se nos ha debilitado el potencial del crecimiento por falta de reformas que impulsen la inversión y la productividad. Estamos por lo tanto en una coyuntura que permite alcanzar un acuerdo nacional con el fin de dar un salto hacia el desarrollo. Pero no se trata de malgastar esos recursos, ni tampoco de asignarlos en función de las presiones de los diferentes grupos de interés ni retroceder en lo avanzado. Por el contrario, en esta hora no debemos cometer errores. Es por eso que hemos propuesto que estos recursos deben ser asignados a tres prioridades: educación y capacitación; modernización del Estado y un fuerte estímulo a la inversión y el empleo. Estas son las prioridades, pero se necesitan también los instrumentos adecuados. Si no se utilizan los correctos los mayores recursos se van a perder en burocracia, en los grupos menos necesitados y se reducirá la competitividad. Los instrumentos específicos deben ser: un aumento en la subvención educacional para todos los estudiantes, privilegiando a aquellos que pertenecen a los 2 primeros quintiles del ingreso. Para dar un nuevo impulso a la inversión y el empleo, es necesario eliminar definitivamente el impuesto de timbres y estampillas; hacer que las empresas MYPES no paguen el impuesto de primera categoría cuando reinvierten sus excedentes; estimular la inversión rebajando los impuestos que la gravan; rebajar los impuestos que gravan la innovación tecnológica y la difusión de la tecnología digital.

Finalmente, se deben destinar recursos para perfeccionar la institucionalidad pública, especialmente en Ministerios como Obras Públicas, Agricultura y Economía; otorgar mayor autonomía y niveles de descentralización a determinados servicios públicos, especialmente en el área de la salud y la educación y dar mayores incentivos para otorgar flexibilidad a las políticas de recursos humanos en el Estado.

El debate presupuestario que se viene es una gran oportunidad para destinar esos mayores recursos permanentes de alrededor de US$ 9.900 millones alcanzando los acuerdos que permitan impulsar las reformas estructurales que el país necesita. No podemos conformarnos con los actuales resultados.