Desde su cobertura en la conferencia mañanera, López Obrador lamenta lo “vergonzoso” del juicio para el país y reclama probar las acusaciones contra Calderón, siguiendo la ruta del dinero de los negocios ilegales. Pero lo hace como si fuera un observador de un partido de beisbol, que arenga en el espectáculo para apabullar a sus adversarios en el terreno político. Por primera vez en el juicio, Calderón fue nombrado por el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, que dijo saber, de segunda mano, que él protegía al Cártel del Pacífico, tras de que otros testigos acusaran a su secretario de Seguridad Pública de recibir sobornos de ellos.

La radiografía sobre la operación del narco en los hilos de la política no es asunto menor para actuar con indiferencia; con independencia del valor probatorio de testigos que sostienen acusaciones en sus dichos. No basta con sólo conocerse, debe investigarse. Es una grave omisión no hacerse cargo de lo que se sabe si da lugar a un problema mayor, como arriesgar la estabilidad del Estado por la entrada del dinero del narco a las campañas. Parece una doble moral por condenar un problema político y, a la vez, usarlo sólo como arma letal para sepultar a los enemigos.

La fiscalía de Gertz está desaparecida y en otras áreas, como la electoral, la reforma ni siquiera plantea cómo atacarlo. En la corte de NY, el fiscal ha orientado los testimonios a mostrar la expansión del poder del narco en el territorio gracias a la cobertura de autoridades federales, estatales y municipales desde hace dos décadas. En México se ha denunciado su afianzamiento territorial sin destapar la protección política, por ejemplo, en las elecciones de 2021 a través del financiamiento de candidatos en estados como Michoacán y Sinaloa para ganar influencia. El Tribunal Electoral, al final, sólo pudo acreditar su intervención en cuatro municipios, pero las alarmas crecen sobre la vulnerabilidad de la democracia.

Su verdadera dimensión no se conoce, pero lo más grave es que ni en ninguna iniciativa del gobierno se vea reflejada la preocupación por esto. En la electoral, su foco está puesto en la reestructura del INE bajo el criterio de la austeridad, pero nada dice sobre la seguridad y mecanismos para blindar las urnas del narco. En todo caso, ese aspecto se relega a instancias federales, como la FGR o la UIF, aunque el INE tiene obligaciones en la fiscalización del dinero en las campañas.

Si el árbitro podrá hacer aún menos para cumplir con esas facultadas, de esas instituciones federales tampoco se puede esperar mucho por su casi nulo expertis para investigar estos delitos. Ya comenzado el juicio de García Luna, la UIF presentó su primer litigio en el extranjero contra García Luna para recuperar 400 millones de dólares por lavado de dinero procedente de corrupción política. Y el gobierno anunció que hay otras carpetas de investigación con el superpolicía de Calderón en el país, pero sin precisar su contenido.

Su estrategia ha sido otra, evitar operativos a gran escala contra los cárteles, incluida la investigación de sus finanzas. Y defender que lo más importante de juicios escandalosos como el de García Luna es que todo esto se conozca para que nunca se repita, como si eso fuera suficiente para disolver el vínculo entre la política y el narco.

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