Una de las críticas frente a la dimensión que alcanza es que se dejó crecer, cuando antes podrían haberse tomado medidas preventivas y de seguridad. Desde hace varias elecciones, los gobiernos dan seguridad a candidatos, pero cada proceso es más cruento. Ahora, en un lapso de 12 horas, fueron asesinados los candidatos a alcaldes de Maravatío, Armando Pérez Luna (PAN) y Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena), que a su vez ocupaba el lugar de otro ejecutado de su partido. Éste es un mensaje del derecho de veto del crimen y otra demostración de que la violencia trasciende los colores políticos, aunque se concentra en el ámbito municipal.

La violencia política se ha convertido en vehículo para influir en las elecciones de estados y municipios, pero la fuente no es sólo el crimen organizado en su disputa por el territorio, sino también agentes políticos de diferentes partidos y de sus propias filas. La narcopolítica no se reduce a uno de ellos, lo mismo se conocen casos de Morena que de postulados por el bloque opositor en Guerrero ligados a la pandilla de Los Ardillos, y que en 2018 ganaron en el único municipio que perdió López Obrador, Quechultenango. Y sobran los escándalos en los últimos cuatro gobiernos, como los casos de García Luna, el oscuro fiscal Veytia, de Nayarit, y más atrás el general Gutiérrez Rebollo, con Zedillo.

Sin embargo, la resolución del dilema es mucho más intrincada en un estado de polarización política, por agudizarse la división entre niveles de gobierno, especialmente en el eslabón más débil de las alcaldías. Algunos creen que, por ejemplo, la confrontación con el INE y el TEPJF reblandece el terreno para la acción criminal, así como la falta de coordinación y hasta mayor vulnerabilidad de funcionarios y magistrados electorales.

Pero la violencia política también es una vitrina para politizar en las campañas, aunque afecte el voto libre. Si hay un avance de narcopolítica, también de otro fenómeno, politizar la violencia. En ese contexto pueden ubicarse las últimas críticas de grupos de interés y medios de EU sobre el dinero del narco en las campañas de López Obrador para atacar su plan de seguridad y presionar a Claudia Sheinbaum a poner fin al “abrazos y no balazos” por ceder a la expansión territorial de los cárteles; funcionarios en el nivel local lo habrían interpretado como autorización a acomodarse con ellos para sofocar la violencia y financiar sus aspiraciones.

Desde esta posición se defiende la opción de recurrir a la anulación ahí donde la violencia afecte el 20% de las casillas, como dice la ley. Se justifican en la legalidad para desalentar al crimen, pero también puede servir para avivar el miedo y enlodar al ganador cuando la ventaja sea muy grande. Hay grandes riesgos de que la violencia sea el vehículo para impugnar y revertir el triunfo fuera de las urnas, aunque los partidos, paradójicamente, nunca denuncien a la narcopolítica más que en la prensa.

Pero no toman en cuenta que no hay garantía de que la repetición de los comicios sea distinta y, peor aún, aleje a la ciudadanía de las urnas. Y, sobre todo, el impacto para la democracia que tiene en la rutina de las elecciones un clavo ardiente con que enfrentar los riesgos. La elección es su asidero, si se desautorizan pueden perderse o contribuir a su declive, si, como dicen los estudios, además crece el apoyo al autoritarismo.

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