Un grupo de expertos de alto nivel mantienen en Washington, del 7 al 12 de marzo, una reunión sobre las medidas a tomar para fortalecer un tratado interamericano contra la corrupción, informó la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Guadalupe Cajías, de Bolivia, que preside un "Comité de Expertos" de la OEA contra la corrupción, dijo en una declaración del 7 de marzo que en meses recientes la región muestra una coordinación mayor y más dinámica en la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en 1996 como el primer tratado contra la corrupción en el mundo.
La OEA evalúa ahora cómo cumplen las cláusulas claves del tratado los países que lo han ratificado. La reunión de marzo, que tiene lugar en la OEA, examina informes sobre el cumplimiento del tratado en México, Trinidad y Tobago, Honduras, El Salvador, la República Dominicana y las Bahamas. Los informen analizan el progreso de cada país contra la corrupción y recomienda medidas de mejoramiento concretas.
El tratado de 1996 contra la corrupción, que ha sido ratificado por Estados Unidos y casi todas las otras naciones miembros de la OEA, declara que luchar contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas e impide distorsiones en la economía, deshonestidad en la administración pública y perjuicios a la fibra moral de una sociedad.
Agrega la OEA que la corrupción debilita los sistemas democráticos y erosiona la fe en las instituciones, todo ello en detrimento de la democracia.
Entre otras cosas, el tratado requiere que las naciones aprueben leyes para declarar delitos ciertas actividades, entre ellas que los funcionarios públicos acepten o soliciten sobornos. Establece también requisitos de extradición e insta a la ayuda y cooperación mutuas en la investigación y enjuiciamiento de actos de corrupción.
Cajías, representante de Bolivia contra la corrupción, dijo que los gobiernos de la región hacen esfuerzos importantes para cumplir con sus compromisos según el tratado, y han emprendido iniciativas para mejorar la cooperación y la ayuda mutua e incrementar el diálogo con la sociedad civil.
En un informe al foro de la OEA sobre la corrupción, Cajías señaló que reuniones recientes sobre la anticorrupción realizadas en Bolivia, Brasil y Venezuela han reforzado las alianzas regionales en este asunto.
Agregó que el próximo foro mundial contra la corrupción, a llevarse a cabo en la capital brasileña de Brasilia del 7 al 10 de junio, siguió a un evento similar en Seúl, Corea del Sur, en el 2003.
En el evento de Seúl, llamado el "Foro Mundial III sobre la Lucha contra la Corrupción y la Salvaguardia de la Integridad", los participantes emitieron una declaración que les pidió a los jefes de estado de todo el mundo asumir compromisos y acciones nacionales en busca de la transparencia en los procesos presupuestarios gubernamentales, promover la integridad y la ética y poner en práctica medidas contra la corrupción. Los participantes en Seúl expresaron particular preocupación por los vínculos entre la corrupción y los delitos transnacionales.
El presidente Bush y otros líderes regionales reunidos en la Cumbre Extraordinaria de las Américas en Monterrey, México, en enero de 2004, se comprometieron a fortalecer una cultura de transparencia y combatir las prácticas contrarias a la ética en los sectores público y privado.
Declararon esos líderes que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan los valores sociales, socavan el imperio del derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos del desarrollo.
John Maisto, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, dijo en un comentario periodístico de junio de 2004 que no hay dudas de que la corrupción causa un daño inmenso a las democracias del hemisferio. Socava la confianza que los votantes deben tener en que el gaobierno trabaja por ellos y que la misma democracia es digna de ser preservada.
En ese comentario, que fue publicado en varios periódicos latinoamericanos, indicó Maisto que la corrupción distorsiona la administración de la justicia y alimenta la criminalidad, dado que el soborno y el tráfico de influencias están a menudo conectados con delitos como el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero y la extorsión.
La corrupción, agregó, también despilfarra el dinero de los contribuyentes, drenando recursos que se necesitan malamente para inversiones sociales e infraestructura nueva, y asigna recursos a los que están conectados políticamente, denegándoles una mayor oportunidad económica a los ciudadanos en desventaja socioeconómica.
