"No sé qué propósito tiene publicar sus nombres, que por cierto, no son secretos. Debemos enfocar el interés a que los remanentes del terrorismo, autores de los últimos atentados contra la Policía, sean ubicados, controlados y detenidos", dijo la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.

De esta forma, la funcionaria se sumó a las críticas que hicieron, en ese mismo sentido, analistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Merino señaló que se debe tener mucho cuidado con la decisión de publicar todos los nombres, incluidos los de aquellos cuyos vínculos con la subversión no están debidamente probados, porque podrían tomar medidas contra el Estado.

García anunció la medida el lunes, tras los ataques armados contra policías en los departamentos de Apurímac y Huancavelica, donde murieron un teniente y cuatro suboficiales, y tiene como objetivo poner en alerta a la población sobre aquellos excarcelados que hayan retornado a sus actividades subversivas.

Durante el anuncio, el mandatario mencionó una lista de 1.800 presos por terrorismo liberados en los últimos años, pero no mencionó que de acuerdo a informes de la división de requisitorias de la Policía existen 9.771 prófugos de la justicia acusados de cometer ese tipo de delitos. En este año, solo 12 inculpados fueron capturados.

"Esta iniciativa lleva a constatar, una vez más, que el gobierno carece de un sistema de inteligencia que le permita identificar riesgos potenciales para la seguridad nacional", sostuvo el analista Augusto Alvarez Rodrich, quien calificó la medida presidencial como una "aberración jurídica".

Para Alvarez Rodrich "poner en vitrina" a los acusados por terrorismo que fueron excarcelados es empujarlos a que, en la práctica, no tengan otra opción que volver a esa actividad delictiva.

"Se corre el riesgo de satanizar a ciudadanos que fueron reconocidos inocentes en el país y el exterior", dijo por su parte el secretario de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francisco Soberón.

Sin embargo, algunos legisladores de oposición y ex jefes policiales apoyan el anuncio presidencial.
El ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo Héctor John Caro dijo que muchos sediciosos liberados volvieron a delinquir y puso como ejemplo el caso del "Camarada Clay", quien salió de la cárcel en 2001 y reapareció en diciembre de 2005 con la muerte de ocho policías.

El presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien pasó ocho años en prisión en la década pasada sin que se probara nunca su vínculos con el grupo extremista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dijo que no se puede presentar como subversivos a personas que purgaron cárcel injustamente.

"Difundir la identidad de quienes fueron excarcelados dificultará su resocialización. Una persona que ya estuvo en prisión tiene derecho a rehacer su vida porque ya pagó el daño que le hizo a la sociedad", agregó Simon, quien durante su cautiverio fue considerado como "preso político" por organizaciones internacionales.