Brasil es el único país de la región al que le resta rendir ese examen. No se ha sometido ni a una mínima prueba sobre lo hecho en materia de derechos humanos en los 21 años de régimen militar, durante los cuales hubo, según denuncias, por lo menos entre 366 a 500 desaparecidos. Ni sus fuerzas armadas ni Itamaraty están interesadas en ese tema.

Se pensaba que al asumir el izquierdista Lula, esa iba a ser una de sus prioridades, pero no fue así. Siempre esquivó el bulto. En una reunión presidencial, consultado por el tema por alguno de su pares, llego a decir que el PT nació como derivado de la industrialización concretada durante la era militar, por lo que su partido debería estar reconocido y no andar “revisando” o buscando revanchas. Cuando en la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur se habló de “Plan Cóndor”, los delegados brasileños negaron que los militares de su país hubiera participado de esa “alianza”, incluso lo hicieron ante pruebas irrefutables. En las dos o tres ocasiones que el tema tomó actualidad durante su gestión, Lula fue el encargado de pararlo –o por lo menos postergarlo–. Su última teoría fue que durante la dictadura hubo “héroes”, pero no hubo víctimas. Es decir, no hubo desaparecidos, asesinados ni torturados, por lo cual no hubo ni asesinos ni torturadores. Si no hubo víctimas, no hubo victimarios.

Sin embargo, en estos días los legisladores del PT (Partido de los Trabajadores, fundado por Lula) en abierto desafío contra la presidenta Dilma Rousseff, reiteraron su apoyo a un proyecto de ley que busca abrir los archivos de la dictadura y terminar con los secretos oficiales, lo que es reclamado por los grupos de defensa de derechos humanos, la prensa e implica primero saber, revisar y luego, inevitablemente, juzgar a las fuerzas armadas brasileñas.

La mandataria, quien fue presa y torturada por el régimen militar, tras un primer titubeo anunció su negativa a abrir los archivos. Se dice que en su opinión incidieron presiones de sus aliados de centroderecha y el ex presidente y titular del Senado, José Sarney, y sin duda también las fuerzas armadas, que fueron en su momento las que más se hicieron sentir con Lula, cuando este tenía que opinar sobre el mismo tema.

El que sí ha cambiado es Lula. En Brasilia se dice que el ex presidente es quien está detrás de esta movida parlamentaria dirigida en definitiva contra su ex protegida. Parece que no le gusta la “línea independiente” que Dilma ha asumido y en especial que ello le signifique mayor apoyo a nivel de la opinión pública. Ella sube y él cae y eso hiere su vanidad.

Con el tema de los derechos humanos Lula le tira un gato arriba de la mesa. Ruido y agitación con los grupos sociales y tirantez con las fuerzas armadas e Itamaraty. Pero se trataría además de una jugada de doble intención: Lula buscaría a la vez que ese tema desplace de las primeras planas a otro que le tiene muy inquieto, que es el de la corrupción durante sus dos mandatos y el que ya estuvo rondando al destaparse el caso Palocci, el ex jefe de gabinete de Dilma, que era un hombre muy allegado al ex mandatario.

Lula nunca quiso enfrentarse a las fuerzas armadas por el tema de los derechos humanos, pero teme más enfrentarse a la prensa por el tema de la corrupción.