Imagínese el lector la realización de unas elecciones presidenciales libres y democráticas, bajo la condición de que “los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.

Se preguntará, lógicamente, ¿ y sobre qué podrán informar los medios en relación a la campaña electoral? Y muy especialmente ¿a qué podrán referirse y sobre qué podrán hablar, opinar y menos proponer los candidatos presidenciales cuando son entrevistados por diarios, radios y la TV?

Pues aunque resulte increíble semejante imposición rige en Ecuador donde se realizan elecciones presidenciales el próximo 17 de febrero. Y a cargo del control y la vigilancia del cumplimiento de ese brutal mecanismo de censura –o para ser mas delicado, disuasivo para que los medios se autocensuren– está la autoridad electoral, que en la práctica depende y responde incondicionalmente al Poder Ejecutivo, cuyo titular, Rafael Correa, es uno de los candidatos. Éste va por su reelección y espera que la suerte lo acompañe.

Seguramente será así, sobre todo si se toma en cuenta que Correa tiene para su exclusivo uso y abuso las cadenas de radio y televisión y a su servicio una importante cantidad de medios de comunicación del Estado más aquellos a los que premia con abundante publicidad oficial.

Lo bueno del sistema es que no da lugar a especulaciones: Correa seguirá en la presidencia.

 
La duda –sobre lo que se puede especular por lo menos como ejercicio intelectual– es sobre qué tipo de ceremonia optará Correa para el cambio de mando. Dada su condición “bolivariana” deberá cuidarse de ser lo menos aparatoso posible para no contrastar con lo ocurrido con su jefe ideológico. Pero, de cualquier forma, seguro que no se va a dar el caso de Venezuela donde el presidente saliente y el entrante ni terminaron el mandato ni iniciaron el nuevo, razón por la cual los venezolanos están gobernados por un Jefe de Estado que no está en el país y al que no ven ni oyen desde casi dos meses.

Se supone, entonces, que Correa debería tratar de no alejarse mucho del modelo chavista y, por sobre todas las cosas, no asemejarse demasiado al seguido por los imperialistas.

Como se sabe el pasado mes Barack Obama, quien también fue reelecto como presidente de EEUU, pero bajo otras condiciones, tuvo que adecuarse a los pasos marcados por la Constitución y cumplir con todo ese ceremonial que aparentemente está perdiendo vigencia entre el progresismo regional. En Venezuela, como también es sabido, por razones de salud, ausencia sin plazo fijo y algunas otras menudencias, se resolvió obviar todo lo que, para el caso, la Carta Magna disponía, y esto pese a tratarse de una constitución netamente bolivariana.

Lo que haga Correa, sea lo que sea, será debidamente aprobado y bendecido por la UNASUR, ni que hablar que por el Secretario General de la OEA –qué otra cosa puede hacer José Miguel Insulza, mas allá de que ya a nadie le importa lo que haga o lo que diga–, y decididamente por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organismo hemisférico de última generación al que se le ha aligerado de la carga de EEUU y Canadá y que entre sus tareas fundamentales están las de defender la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión.

La CELAC es presidida desde hace unos días por Raúl Castro –toda una garantía para la defensa de los principios reseñados– quien está al frente de un país donde, volviendo al tema, el cambio de mando se ha simplificado muchísimo: en más de medio siglo ha habido uno solo y fue no hace tanto cuando Fidel le dijo a su hermano Raúl que ahora le tocaba seguir a él. Así de sencillo y por supuesto, de democrático.