Esta reforma implica la desactivación de una bomba nuclear fiscal, implica manejo mucho más transparente, hasta más rentable, de los recursos de los trabajadores, implica el reconocimiento individualizado de un derecho de propiedad, implica, incluso, que sí hay capital social entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, ¿por qué los bloqueos, por qué el derrame visceral de objeciones sin fundamento, por qué tanto posar de mártir alrededor del fenómeno denominado “mayoriteo”?

Una hipótesis: el punto de partida para vender esta reforma se ha centrado en el (muy) complicado tema de ahorro fiscal hacia futuro. No hay un beneficio instantáneo, un efecto tangible, una dádiva demostrable, que implique la transferencia de recursos. Y, por ello, sin saber de qué se trata, se desata la táctica tropical de manifestarse con bloqueos, se genera la víscera, sangre y el sudor de las supuestas víctimas del cambio.

Y después pide la oposición que las fuerzas políticas se “sienten a dialogar”. Este es otro caso de petición de principio: si no hay hueso que repartir, burocracia que servir, la reforma no sirve sino para enriquecer a los banqueros, y otros demonios de la existencia, a costas de todos los demás.

La gran ironía es que esta reforma, esta nueva ley, tiene una consecuencia positiva para (precisamente) los trabajadores del gobierno. Pero este no fue el punto de partida de la venta de esta nueva ley— para variar. El problema con el sistema vigente es que los ahorros del futuro no se perciben como fondos pertenecientes a los trabajadores. Empero, bajo este nuevo sistema, no tan solo se reconoce la antigüedad del trabajador (por medio del bono de reconocimiento), sino que, a partir del nuevo marco jurídico, las pensiones de todos los trabajadores ahora tienen nombre y apellido, ahora están individualizados, reconocibles, y transparentes a los ojos del quién algún día se jubilará.

Esto es, en el fondo, mucho más digno que el proyecto alternativo de pensión, es decir, el uso y abuso del impuesto inflacionario para licuar la deuda que se tiene con estos trabajadores. Bajo el nuevo sistema, las cuentas serían individuales y los fondos dentro de éstas serán propiedad de cada trabajador—no del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I SSTE), del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), del Estado, ni hasta del Pensionissste, sino de cada uno de los mexicanos afiliados.

Este punto es de capital importancia, ya que implica que cada trabajador pueda, en su momento, identificar los recursos destinados al retiro, la vejez o vivienda como ahorros propios. Hay que tratar a los trabajadores del gobierno como adultos responsables capaces de realizar sus decisiones propias, sin bloqueos, sin intereses especiales, sin líderes políticos o sindicales que han perfeccionado el arte de hacer que otros la pasen mal— muy mal.

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