En primer lugar, es importante resaltar un hecho no tan claro para el público general: la deuda con el FMI representa sólo un 8,9% de la deuda pública total de la Argentina. Esto nos da una idea de la relevancia política más que económica del hecho.

Al respecto debemos comentar que uno de los beneficios señalados por el gobierno es el “mayor grado de libertad” que adquiere “la Argentina” como consecuencia de la cancelación, lo cual podría ser asociado con el postulado de “independencia económica” tan arraigado en la doctrina peronista. Pero la pregunta que nos hacemos es si bueno para los argentinos que el gobierno tenga menores restricciones y límites a su acción. Más allá de las diversas críticas que puedan realizarse al FMI, buena parte de los temas de negociación con el gobierno argentino eran referidos a reformas no-tan-malas en comparación con las políticas actualmente vigentes, entre ellas: la eliminación de los impuestos distorsivos (retenciones, impuesto al cheque, etc.), la reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos, la renegociación de tarifas de servicios públicos, entre otros puntos.

Las críticas realizadas días atrás por el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, respecto de irregularidades y problemas en la asignación de los planes Jefes y Jefas de Hogar, que detuvieron el otorgamiento de un crédito por 350 millones de dólares para el gobierno argentino, son un ejemplo del tipo de auditoría que se podría evitar al eliminar la dependencia crediticia con organismos multilaterales.

Continuando con el argumento de que la medida beneficiará a los argentinos, debemos señalar que la cancelación de la deuda con el FMI reafirma la existencia de un trato discriminatorio que privilegia a los organismos multilaterales por sobre los pequeños acreedores. Esto se manifiesta a través del cumplimiento al 100% de los compromisos existentes con los organismos multilaterales, por un lado, y una negociación salvaje con una quita cercana al 75% con los tenedores de bonos de deuda argentina, entre los que se encuentran nueve millones de aportantes al sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, tenedores de bonos argentinos y extranjeros.

Un factor adicional es señalar la necesidad de seguir con detenimiento el efecto monetario de la utilización del 40% de reservas internacionales para cancelar la referida deuda con el Fondo, especialmente en un momento donde el creciente impuesto inflacionario golpea el bolsillo de la población.

En síntesis, la cancelación de la deuda con el FMI no parece tener a la ciudadanía argentina al tope de su lista de beneficiarios.