El reo, autor de la estigmática frase: “Desde hoy, tendrán que andar con el testamento bajo el brazo”, fue tomado preso por la justicia de EEUU en 1989 por narcotráfico y acaba de ser extraditado a Bolivia donde deberá cumplir su sentencia sin derecho a indulto.

Evo Morales le solicitó que como gesto humanitario revele el paradero de los restos de los desparecidos, entre ellos, Marcelo Quiroga, Carlos Flores y Luis Espinal. Durante el garcíamezismo asesinaron a 73 personas, de las cuales 26 están desaparecidas y en los 18 años de gobiernos militares desaparecieron 156 personas.

¿Hay peor dolor para una persona que se torture, asesine y además desaparezcan los restos de un familiar? Es imposible cerrar las heridas y el caso mientras sigan desaparecidos.

Los familiares recurrieron a un juez para que las FFAA desclasifiquen los archivos, pero sin éxito. También han exigido al presidente Morales que lo haga, ya que es el único que puede dar la instrucción. ¿Por qué Evo Morales —que pidió un minuto de silencio por los caídos cuando las dictaduras— no instruye que se desclasifiquen? ¿Dónde está el proceso de cambio? ¿Cuál es el temor?

Hace 29 años los familiares en su lucha dramática contra la impunidad, reclaman a sus muertos, lo que se ha convertido para ellos en un leit motiv. Ortega y Gasset dijo: “Yo soy yo y mi circunstancia”. Los familiares se han convertido en víctimas de su circunstancia y el Estado los viene victimizando desde entonces.

Es un error histórico que en un gobierno democrático de izquierda como el actual, prevalezca una conducta de no respeto al derecho a la información.

Tras una huelga de hambre de Olga Flores, Marta Montier y Hortensia Gutiérrez, el gobierno armó una “Comisión de Interés Nacional” donde se ingresó al Banco Central del que sólo se extrajo una Carpeta del Plan Cóndor sin la información pertinente. Los archivos estarían en la Sección II del Inteligencia del Estado Mayor del Ejército del Cuartel de Miraflores de donde se extrajo los diarios del Che Guevara.

Los familiares de los desaparecidos y la sociedad civil tienen todo el derecho de saber dónde están los restos y Evo debe cumplir la ley e instruir a las FFAA que se desclasifiquen los archivos. El Estado, por ley, debe investigar, sancionar a los autores y reparar a los familiares.