“Lo que queremos es darle una normativa a la medidas de presión, con el fin de que beneficie a los trabajadores mejorando lo que está establecido y se garantice el ejercicio de sus derechos, pero también planteamos que hayan normas de carácter rápido que puedan ser cumplidas anteladamente a la asunción de una medida”, declaró a Erbol el funcionario.

Así, defendió su posición en indicó que el gobierno reconoce a la huelga como un derecho laboral pero eso no impedirá que a través de esta nueva ley se la norme de un modo ágil para que los trabajadores cumplan lo establecido dentro del marco legal.

Con relación al tiempo de tratamiento de la futura ley, Rojas puntualizó que el propio presidente Evo Morales insistió para que estas leyes terminen de ser socializadas hasta el 30 de octubre, siendo que en noviembre la misma debe ser sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y en consecuencia promulgada y reglamentada hasta fin de año como máximo.

Asimismo, explicó que hay grandes avances en la socialización de las leyes sociales, en especial de Trabajo y Pensiones, es más. Ya hay un acuerdo con el sector salud sobre el proyecto de ley laboral y el lunes se conocerá una respuesta final de la dirigencia para que los trabajadores en salud sean insertarlos a la nueva normativa con derechos y obligaciones.

De la misma forma ocurre con los personeros de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y los trabajadores de las 337 alcaldías del país, aseveró, pues tienen hasta el lunes para dar su posición al respecto.

“Con los enormes avances el lunes revisamos a partir del artículo 52 al 123, desde nuestra perspectiva está toda casi consensuado, aunque seguramente habrá un poco de debate en torno a las medidas que deben asumir los trabajadores en defensa de sus derechos legítimos, me refiero a las huelgas que están en la última parte de la ley”, concluyó.