Jason JT Ready, un ex infante de Marina de 37 años, toma el asunto en sus manos, declarando la guerra a los narcoterroristas y vigilando la zona para detectar a inmigrantes ilegales. Hasta ahora, afirma, su equipo ha encontrado a unos pocos de indocumentados a los que asisten con agua y entregan a la Patrulla Fronteriza.

Este movimiento causa inquietud en las agencias locales del orden, pues el grupo de Ready está fuertemente armado y se identifica con el Movimiento Nacional Socialista, una organización que cree que solamente los blancos no judíos heterosexuales deberían ser ciudadanos estadounidenses y los demás, dejar el país “pacíficamente o por la fuerza”.

A diferencia de los varios grupos de civiles de vigilancia fronteriza que patrullan el desierto a pie, a caballo y en aviones, los integrantes de la organización de Ready visten uniformes de camuflaje, chalecos antibalas, máscaras de gas y además portan fusiles automáticos.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó recientemente la ley SB1070 —que entrará en vigor el 29 de julio— y que permite a la policía, cuando hace cumplir otras leyes, interrogar a una persona sobre su estatus de inmigración si tiene suficiente razón para creer que esa gente está ilegalmente en el país.

“No hemos dejado de rezar”

En tanto, la población indocumentada de Arizona toma sus medidas y hasta rezan con la esperanza de que la ley no entre en vigor el próximo 29 de julio.

Algunos han sacado sus ahorros del banco y vendido todo lo que pueden para afinar los planes de una mudanza hacia Nuevo México, Utah, Nevada y Minnesota; otros, deciden permanecer en Arizona y dar la batalla,

“No hemos dejado de rezar. Pero tampoco de prepararnos para lo peor”, asegura Petra Falcón, de la organización Promise Arizona, una agrupación que trata de frenar la entrada en vigor de la SB1070 pero también apoya a la comunidad inmigrante ante una de las peores campañas de hostigamiento y persecución.

“Queremos que haya registro de los abusos que estamos sufriendo aún antes de entrar en vigor esta ley que atenta contra los derechos civiles y contra los valores fundacionales de Estados Unidos”, afirma Sylvia Herrera, de la organización Puente Movement Arizona, que documenta las vejaciones y ataques contra la comunidad inmigrante para denunciarla ante la ONU.