Hablemos de distribución del ingreso, tema omnipresente en el discurso oficial. Por ejemplo, con los siguientes datos:

•Este año, un millón de familias con ingresos superiores a los 6.000 pesos mensuales recibirán un subsidio del Estado de 750 pesos al mes, en concepto de tarifas baratas de luz, gas y combustibles. Es el equivalente a cinco planes sociales de 150 pesos mensuales, que todavía cobran poco menos de un millón de jefes de hogares bajo la línea de indigencia.

• El cálculo fue realizado por el economista Javier González Fraga comparando las tarifas energéticas que pagan las familias de ingresos altos en Montevideo, San Pablo y Santiago de Chile con las que abonan en Buenos Aires.

• En esta columna ya se ha escrito sobre el boom de ventas de climatizadores a gas para las piscinas de Nordelta, del furor de los reflectores de 1.000 watts en los jardines de los countries más exclusivos, o sobre la expansión del mercado de autos diesel de alta gama. Como en economía nada es gratis, esos precios subsidiados los paga el Estado, que este año repartirá cerca de 20 mil millones de pesos para compensar a las empresas del sector energético.

• En números globales, del total de subsidios al sector energético, el dadivoso Estado argentino destinará este año 9.000 millones de pesos a subvencionar los consumos de ese grupo social de ingresos altos. Es increíble que todavía haya personas de clase media acomodada que se quejen de que el Estado “regala” planes Jefes de Hogar, que hoy perciben familias indigentes en su mayoría encabezadas por mujeres. En 2008 el presupuesto de los planes Jefes de Hogar Desocupados asciende “sólo” a 1.800 millones de pesos.

• Para que no queden dudas de la magnitud de la redistribución que se ejecuta desde el Ministerio de Planificación. Los 9.000 millones destinados a subvencionar el consumo de los sectores acomodados superan holgadamente todo el presupuesto de este año del Ministerio de Desarrollo Social (7.602 millones); equivalen a todo el presupuesto anual del Ministerio de Educación (9.300 millones); o representan 2,5 veces el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación (3.547 millones).

Mosquetero I. Otro ejemplo de redistribución de ingresos también compete al ministro de Planificación, Julio De Vido, el líder de los mosqueteros del reparto. Según datos de la consultora Montamat & Asociados, la tarifa residencial de gas cuesta en Buenos Aires 30 centavos por metro cúbico.

Sin embargo, cuatro millones de hogares de escasos recursos, que no tienen acceso a la red de gas natural, deben comprar garrafas cuyo costo asciende a 1,7 pesos por metro cúbico, casi seis veces más. Desde la devaluación, las tarifas domiciliarias de gas quedaron congeladas. En cambio, la garrafa de 10 kg se incrementó un 275%: hoy promedia los 30 pesos, pero en la zona Norte del Gran Buenos Aires no se consigue a menos de 35 pesos. De Vido autorizó la desregulación de la garrafa (GLP), mercado donde Repsol YPF cuenta con posición dominante, y ofreció a cambio la llamada garrafa social, que es imposible de hallar a los 18 pesos sugeridos por el Estado. Pero aun si la garrafa oficial se consiguiera, el precio (1,2 pesos por metro cúbico) cuadriplicaría al del gas de red, congelado por decisión de la misma administración.

Más preocupado por cuidar la caja fiscal que por las transferencias de ingresos a los sectores de mayor poder adquisitivo, en las últimas semanas el gobierno de Cristina empezó a dar señales de descongelamiento de tarifas. El crecimiento meteórico de los subsidios amenazaría el cierre de las cuentas públicas si en el futuro la recaudación empezara a flaquear. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en el primer semestre sólo los subsidios energéticos rondaron los 8.157 millones de pesos, 295% más que en igual período del año pasado.

Al anuncio de subas en las tarifas eléctricas le seguirá en los próximos días el lento deshielo de los precios del gas domiciliario. Lo interesante es que los ajustes siguen un criterio de segmentación: más aumento para los que más consumen. Sobre la base de los datos aportados por las distribuidoras eléctricas, sólo el 7% de los hogares de mayores ingresos consume el 25% de la energía y el 25% gasta la mitad de la energía. En el caso del gas, la concentración del consumo es similar.

De haberse aplicado ajustes progresivos hace dos o tres años, el Estado se hubiera ahorrado una enorme transferencia de recursos hacia los bolsillos menos urgidos. ¿Por qué no se hizo antes? De Vido argumentaba que no era sencillo identificar las facturas de los sectores de altos ingresos, algo que recién ahora se reconoce que era posible. Por eso la cuenta de los millonarios subsidios continuó engordando. Curioso, ¿no?

Mosquetero II. El segundo mosquetero de la redistribución es el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. En el primer semestre del año, los subsidios al transporte (colectivos, trenes y subtes) alcanzaron los 2.660 millones de pesos, 71% más que igual lapso del año pasado.

La subvención del transporte público de pasajeros no es un invento argentino. Y hay consenso en que dichos subsidios benefician en su gran mayoría a los sectores de menores recursos. Sin embargo, aquí son dudosos los criterios de asignación de los subsidios; en el caso de las empresas de colectivos sobre la base de declaraciones juradas sin control de las estructuras de costos. Y en el caso de trenes y subtes, con estructuras de costos infladas por empresas vinculadas que ofician de proveedores.

Aerolíneas Argentinas es un caso totalmente distinto. En avión no suelen viajar los pobres. La decisión de reestatizarla es discutible, pero válida si se esgrimen argumentos como la integración regional o el desarrollo económico. Lo que no es trivial desde el punto de vista de la distribución es quién asume los costos. Jaime dijo que si fuera por él no pagaría nada a los españoles de Marsans. Y dice que vaciaron la compañía cuando durante cinco años miró para otro lado. Si el Gobierno asumiera los 900 millones de deuda de la compañía sería una carga pesada para levantar vuelo. En especial, porque el déficit operativo –que sí habrá que afrontar– tiene un piso para este año de 250 millones de dólares.

Tampoco es un antecedente de redistribución exitoso el de LAFSA, la empresa estatal que se hizo cargo a mediados de 2003 de los empleados de las ex LAPA y DINAR. Nunca voló y hoy está en proceso de disolución. Pero en el presupuesto todavía está previsto que este año se paguen los sueldos de 99 empleados, en una decena de casos con remuneraciones superiores a los 10 mil pesos.

Mosquetero III. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, es el mosquetero de la distribución vía precios. En teoría, su misión era impedir que la inflación licuara el poder de compra de asalariados y jubilados. Los acuerdos de precios que al principio firmaba con las empresas dejaron de cumplirse hace tiempo, salvo para el INDEC, donde Moreno dibuja su mundo privado. Es historia sabida. Menos conocidas son las prácticas del Napia a favor de las empresas más concentradas, consolidando mercados monopólicos u oligopólicos. Para Moreno, la competencia es una entelequia de los libros de texto. Prefirió siempre los telefonazos y los “pactos de palabra” con los grandes actores de cada sector (cerealeras, molinos, supermercados, lácteas, alimentarias, etc.) a las regulaciones sectoriales, transparentes, que desalentaran estructuras concentradas y estimularan la competencia.

El desplazamiento de José Sbatella al frente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un organismo clave en todo el mundo para la aplicación de las leyes antimonopolio, es la culminación de ese proceso. Sbatella, un profesional de larga trayectoria, dictaminó en contra de la fusión de Cablevisión-Multicanal, que aprobaron los dos delegados de Moreno en la Comisión el último día de la gestión de Néstor Kirchner, y estableció condiciones para otras adquisiciones multimillonarias del sector alimentario, que no fueron consideradas.

Señales. Por primera vez en los últimos cinco años, esta semana varios empresarios de primera línea denunciaron la manipulación de las cifras del INDEC y coincidieron en que la inflación ronda el 25 por ciento. Pero lo que descolocó al Gobierno es que desde la propia Unión Industrial, hasta ahora aliada firme del kirchnerismo, empezaran los disparos a través de su vicepresidente, Ignacio de Mendiguren.

Julio De Vido se apresuró el jueves a reunirse con los popes de la UIA, que le aseguraron que las declaraciones de De Mendiguren eran a título personal y sugirieron un guiño del empresario textil a Eduardo Duhalde. Sin embargo, hace seis meses los grandes grupos que comandan la entidad (como Ledesma y Techint) jamás hubieran permitido el desliz. Es la historia argentina de siempre: olfatean debilidad en el poder político.

“Nosotros creemos en la injerencia del Estado para regular mercados que son oligopolios y monopólicos y que se abusan de las condiciones preponderantes que tienen en el mercado e incrementan los precios”, dijo ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo, para contestar la ofensiva empresarial. Los mercados “monopólicos y oligopólicos”, gracias a Moreno, están más fuertes que nunca.