Si la Argentina consiguiera recaudar dos puntos del PBI adicionales en el Impuesto a las Ganancias a las personas físicas, el Estado embolsaría unos $ 20 mil millones extras al año, suficientes para financiar un subsidio universal a la pobreza, como coinciden en proponer desde la CTA hasta Unión-PRO, pasando por el Acuerdo Cívico y Social o el socialismo.

¿Utopía? Es lo que recauda Brasil en concepto de Impuesto a las Ganancias. Según un estudio presentado por el tributarista Juan Carlos Gómez Sabaini en un seminario organizado por la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto), Brasil recauda de Impuesto a las Ganancias casi siete puntos del PBI (2,6 sobre las empresas y 4,3% sobre las personas físicas), concentrando la carga sobre las personas físicas, como aconsejan los manuales de teoría impositiva, para acentuar la progresividad del impuesto y no desincentivar la inversión. En la Argentina, en cambio, se recolectan unos cinco puntos de PBI en Ganancias (3,5% sobre sociedades y 1,6% sobre personas físicas).

Utopía sería acercarse a los sistemas impositivos de los países desarrollados. Según datos de la OCDE, en Estados Unidos se recaudan 11,1 puntos del PBI en Ganancias (2,1% sobre sociedades y 9% sobre personas) y en Europa, en promedio, 13,4 puntos del PBI (el 3,3% sobre empresas y un 10,1% que aportan los individuos).

Como contraste del bajo nivel de recaudación en Ganancias personales, típico impuesto “progresivo” (pagan más aquellos a los que mejor les va), en la Argentina continúa siendo muy elevado el peso de los impuestos que gravan el consumo de bienes y servicios, fundamentalmente el IVA. Como es sabido, estos impuestos son “regresivos”: Perez Compac y un indigente del GBA pagan el mismo 21% cuando compran alimentos o la misma alícuota de impuestos internos sobre los cigarrillos.

La Argentina recauda 12,5% del PBI en impuestos al consumo; mientras que los países de la OCDE, 11,5% del PBI, y Brasil, 9,3 por ciento.

“Es deseable que la desigualdad existente antes del pago de impuestos disminuya luego de contribuir al pago de las obligaciones tributarias”, dice Gómez Sabaini.

Sin embargo, en la Argentina ocurre justo lo contrario. El 40% más pobre paga, en proporción a sus ingresos, más que el resto de la sociedad. El sistema tributario argentino empeora la distribución y relativiza la mejora inducida a través del gasto público. Para colmo, mientras haya casi un 40% de trabajadores en negro, la mejora de la distribución sólo por la vía del gasto siempre será acotada.

Como señala Guido Rangughi, “la informalidad cierra un círculo nefasto sobre la matriz distributiva, ya que los seguros sociales (obras sociales, asignaciones familiares, jubilación y pensión), que constituyen una poderosa herramienta del gasto público social, sólo benefician a los empleados formales, cuya participación en los dos quintiles más pobres es muy reducida” (“El Estado argentino y la distribución del ingreso”, ASAP, 2009). 

Según estudios de la consultora Equis y de Ernesto Kritz, en octubre de 2008, la brecha de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre llegó a diferenciarse en 30,2 veces, un nivel similar al de mayo de 2002, tras la megadevaluación. Ese indicador de desigualdad en los noventa se elevó de 19 a 25 veces. Y sólo en el primer año de los planes Jefes (antes de que los licuara la inflación), en mayo de 2003, esa distancia logró achicarse a 24 veces. 

En agosto último, los diputados socialistas Roy Cortina y Silvia Augsburger, acompañados por seis legisladores más, presentaron un proyecto de ley para eliminar la exención de Ganancias a las rentas financiares. No sería algo revolucionario. En los países desarrollados la norma es que estén gravadas.

Pero también es norma, a esta altura, en los países de la región: Brasil (intereses con la tasa general y ganancias de capital, con 15%); Chile (intereses y ganancias de capital, con tasa general); México (intereses con tasa general, ganancias de capital con 20%); Paraguay (intereses, 10%; ganancias de capital, 10%); Uruguay (intereses, 3,5% y 12% según montos; ganancias de capital, 12%); Colombia (intereses y ganancias de capital con alícuota general); Bolivia (sólo intereses).

La anomalía es la Argentina (“La tributación directa en América Latina, Equidad y Desafíos, J.C. Gómez Sabaini y Oscar Cetrángolo, CEPAL, 2008). En un cálculo conservador, el proyecto estima un aumento de la recaudación de $ 4.100 millones anuales, lo cual elevaría la carga impositiva de Ganancias a las personas físicas en 0,34% del PBI. Gravar las ganancias de capital (compraventa de títulos y acciones) y dividendos (como en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay o Uruguay) tal vez duplicaría el monto.

Ricardo French Davis, otro economista de la CEPAL, suele decir que las grandes reformas impositivas deben realizarse en tiempos de crecimiento y de estabilidad financiera, para consolidarse en el futuro como un instrumento más del Estado, legitimado socialmente. No importa el gobierno de turno.

Durante los seis años de crecimiento a tasas chinas, en especial después del triunfo electoral de 2005, los Kirchner desperdiciaron una oportunidad dorada.

El matrimonio presidencial argumenta que, a falta de una reforma impositiva, avanzaron con las retenciones. Éstas, vale recordar, tras la devaluación fueron aplicadas primero por Eduardo Duhalde, allá por 2002, cuando Néstor Kirchner era gobernador y despotricaba contra esa medida del “centralismo” estatal.

Desde esta columna siempre se dijo que las retenciones eran un instrumento válido de la política macroeconómica, en contextos de tipo de cambio y/o precios internacionales elevados. Utilizadas por primera vez por la dictadura de Juan Carlos Onganía, poco tienen que ver con la distribución del ingreso y menos con diseñar un sistema tributario progresivo de carácter permanente. Como explica Aldo Ferrer, bajo esquemas de dólar alto, son la llave de la estabilidad macro: desdoblan el tipo de cambio efectivo (más elevado para la industria, el sector menos competitivo, y más bajo para el agro), mientras aportan los recursos fiscales necesarios para comprar los excedentes de divisas y evitar así la apreciación de la moneda. En esa coyuntura, son un elemento clave para preservar el círculo virtuoso de los superávits gemelos, fiscal y comercial.

Pero, ¿qué sucedería si los precios internacionales de las materias primas se derrumbaran? La propia lógica de las retenciones móviles sugeriría desmontarlas.

Sucedió cuando ordenó el bochornoso operativo de la AFIP en Clarín. Pero, mucho antes, en diciembre de 2007, cuando instó a la Comisión de Defensa de la Competencia –contra todos los fundamentos técnicos– a que aprobara la fusión Cablevisión- Multicanal. O la semana pasada, cuando les exigió al Comfer que borrara con el codo aquel dictamen de la Comisión y a la CNDC, que designara veedores en esas empresas que ahora estarían en infracción y antes no. O cuando instruyó a la ONCCA para que pisara compensaciones, que deberían otorgarse automáticamente bajo ciertos parámetros, a productores agropecuarios como castigo. O cuando da rienda suelta a Moreno para que haga y deshaga en el INDEC, sembrando de sospechas hasta las estadísticas, desde su origen asociadas con el concepto de Estado.

El único resultado de tales acciones es deslegitimar los instrumentos del Estado, instituciones que trascienden a cualquier gobierno.

Pues bien, durante más de seis años, el Estado subsidió a mi amigo de Belgrano R y a otros cientos de miles de hogares de clase media acomodada destinando montos millonarios. Y permitió que las familias pobres que usan garrafa pagaran casi cuatro veces más caro el gas. Ahora sólo atina a confesarlo en la factura, porque mientras las cuentas fiscales aguantaban, Kirchner no autorizó un descongelamiento gradual. 

¿Hay un ejemplo más patético de la impotencia del Estado para mejorar la distribución del ingreso?.